Una dependiente de 86 años espera un año una plaza en una residencia

Los retrasos en la tramitación de los expedientes de dependencia está provocando la vulneración de los derechos reconocidos a las personas dependientes que requieren de estas ayudas. En esta situación se encuentra una mujer de Ontinyent de 86 años, que espera desde hace más de un año una plaza en una residencia pública, solicitada en el programa individual de atención (PIA), que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda tampoco le ha aprobado, pese a presentarla hace más de 18 meses.

La dependiente solicitó en octubre de 2022 el reconocimiento de su situación de dependencia, solicitando entonces como servicio preferente el de centro de día y servicio de teleasistencia. En junio de 2023 se le aprobó la resolución que le reconocía un grado 2 de dependencia y la conselleria tenía que aprobar entonces el PIA correspondiente con la asignación del recurso solicitado. Pero ante el agravamiento de su estado de salud, la mujer solicitó en abril de ese 2023 un servicio de atención residencial, e indicaba como primera opción la residencia La Saleta de Ontinyent, donde ya estaba viviendo.

Ante el retraso de la conselleria en aprobar el PIA y asignarle la plaza de residencia, la afectada presentó en el mes de marzo de este 2024 un escrito de queja en el Síndic de Greuges. El síndic Ángel Luna reclamó a la conselleria un informe sobre este caso y desde la administración autonómica reconocían que les constaba la preferencia del servicio de atención residencial desde mayo de 2023 y que “se está analizando la priorización de los centros solicitados y las plazas disponibles”. La conselleria también exponía que, en caso de que no se disponga de plaza pública residencial en un radio de 20 kilómetros respecto al domicilio de la persona en situación de dependencia, se le ofertará “como medida sustitutiva de la plaza pública, la posibilidad de percibir una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial (de garantía)”. Pero la afectada, en las alegaciones presentadas a este informe de la conselleria, lamentó que la administración no le hubiera ofertado esta prestación vinculada de garantía. La mujer mostró su “decepción” por no ofrecerle esta ayuda económica y manifestaba las “dificultades que le supone costearse desde hace 12 meses [desde cuando presentó la queja] una plaza privada en la residencia”.

El Síndic, tras recibir el informe de la conselleria, afeaba a la administración autonómica que había “sobrepasado” el plazo legalmente establecido (6 meses) para resolver el PIA y recriminaba también que la resolución de grado se aprobó “transcurridos más de 8 meses, cuando debía haberse aprobado antes de los tres, y han transcurrido 19 meses desde la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia”. Además, Luna también manifestaba que habían transcurrido 12 meses desde que mostró la preferencia por el servicio de atención residencial “y no se ha atendido dicha petición”. El Síndic reprochaba que la conselleria no había ofertado la Prestación Económica Vinculada al Servicio de Atención Residencial (de garantía), “y no se dan explicaciones sobre ello”, lamentaba.

Por ello, pedía a la Conselleria de Servicios Sociales que emitiera “de manera urgente” el correspondiente PIA, así como que indicara la lista de espera en los centros en los que la afectada había solicitado como preferentes, así como el listado de centros con plazas disponibles a una distancia “prudente” de su domicilio, unos 20 km. También pedía que se le ofreciera a la ontinyentina la prestación económica vinculada de garantía, mientras esperaba la plaza residencial. El Síndic concedía un plazo máximo de un mes a la conselleria para remitir un informe sobre las consideraciones reclamadas por el defensor del pueblo valenciano. La conselleria respondió, apuntando que se resolvería el PIA y se reconocerían “los efectos retroactivos que pudieran corresponder”, aunque no fijaba una fecha concreta. Sobre la lista de espera en las residencias solicitadas, la conselleria informaba que a fecha del 31 de mayo de 2024, el centro solicitado como primera opción tenía 7 personas con mayor antigüedad que la interesada en la lista de espera y 2 personas con trámite de urgencia. En otra residencia de Ontinyent, la lista de espera era de 9 personas y una con trámite de urgencia. Añadía que en cualquier centro de la provincia de València, en la lista de espera de una plaza pública residencia existen “38 personas dependientes con mayor antigüedad que la afectada y 67 personas con trámite de urgencia”. La conselleria aseguraba que “no es posible indicar una fecha ni un plazo aproximado para la resolución de esta solicitud, ya que existen factores que pueden alterar cualquier estimación como las urgencias de carácter social y la disponibilidad de plazas vacantes”.

El Síndic, que ha cerrado el expediente tras este último informe de la conselleria, expone que la administración “ha incumplido nuestras principales consideraciones” y pone de manifiesto la “vulneración de los derechos reconocidos a la persona en situación de dependencia”, ya que “no sólo no se ha resuelto su solicitud de un nuevo PIA, sino que la administración no le ha ofertado una prestación sustitutiva de la plaza pública residencial demandada”.