UGT acusa a Servicios Sociales de "maquillar" los datos de la dependencia

El sindicato afirma que conselleria retrasa la validación de solicitudes para no incorporarlas a la lista de espera y avisa de que el tapón crece a razón de mil expedientes al mes y ya suma más de 9.000

Imagen de archivo de personas mayores, a la espera.

Imagen de archivo de personas mayores, a la espera. / Levante-EMV

Mónica Ros

Mónica Ros

"La Conselleria de Servicios Sociales acumula ya un total de 9.000 solicitudes de dependencia sin tramitar por lo que la lista de espera de las prestaciones de dependencia no se ajusta con la realidad y están maquilladas". Así lo asegura UGT tras afirmar que lo que ya denunció hace tres meses sigue pasando y va a más.

"Solamente tramita las solicitudes de menores de edad y las solicitudes de revisión del grado de dependencia o las prestaciones ya reconocidas, pero no las solicitudes iniciales de las personas mayores, que quedan paralizadas en un limbo administrativo, pendientes de que se les valore su grado de dependencia", afirman desde el sindicato.

Por ello, las estadísticas que ofrece la Conselleria de Servicios Sociales sobre las solicitudes de dependencia muestran que en los años 2022 y 2023 se presentaron más de 40.000 solicitudes nuevas cada año, pero en 2024 sólo aparecen registradas 15.000. "Ello supone unas 10.000 solicitudes menos al año", explican. Sin embargo, UGT sostiene que los datos que ofrece la conselleria ocultan la realidad: se presentan más solicitudes, pero la conselleria las paraliza, a razón de mil solicitudes cada mes.

Según los datos que ofrece la Conselleria, en los primeros seis meses de 2023 (de enero a junio) se grabaron 27.832 solicitudes nuevas, y en el mismo periodo de 2024 se grabaron 17.344 solicitudes nuevas: es decir, 10.488 solicitudes menos. "Esta diferencia solo se explica por el maquillaje de los datos y por la paralización de la mayor parte de las nuevas solicitudes", afirman desde UGT.

Y añaden: "Cabe apuntar que el reconocimiento de las prestaciones de dependencia constituye un largo proceso que se inicia con la presentación de la solicitud, habitualmente en los ayuntamientos, cuyos servicios de atención a la dependencia envían la documentación a la Conselleria de Servicios Sociales. En el caso que esté completa la documentación, la Conselleria valida esta solicitud y la incorpora a la lista de espera de solicitudes pendientes de valoración. Los datos de esta lista de espera son los que se publicitan y conforman las estadísticas oficiales sobre dependencia".

Sin embargo, el sindicato afirma que la Conselleria de Servicios Sociales está dejando en el cajón unas 30 solicitudes al día por la vía de no validarlas, "por lo que los ayuntamientos no pueden enviar al personal valorador al domicilio de la persona solicitante para así determinar su grado de dependencia, un paso indispensable para reconocer las prestaciones a las que cada persona dependiente tiene derecho".

Hace un mes la Conselleria reconoció la existencia de unas 6.800 solicitudes pendientes de validar. Hoy, la cifra de solicitudes paralizadas "ya supera las 9.000 y cada mes crece en casi 1.000 solicitudes escondidas".

"El objetivo es no gastar en más prestaciones"

"Este bloqueo de la Conselleria provoca que a cada ayuntamiento o mancomunidad le conste un número de solicitudes pendientes de valoración que no es correcto. Aparece como pendiente de valoración un número de solicitantes mucho menor al real. Algunos ayuntamientos creen que casi no tienen solicitantes en su lista de espera de valoración, cuando la realidad es que llevan seis meses con una lista de espera que la Conselleria tiene paralizada, con lo cual no pueden planificar su trabajo para atender una lista de espera que desconocen", explican desde el sindicato.

Para el delegado sindical de UGT, Toni Femenía, "el objetivo de la conselleria es no gastar más dinero en prestaciones de la dependencia, por eso paraliza la tramitación de las solicitudes nuevas. Esto no pasa en Navarra o en Castilla y León. El Gobierno Valenciano nos trata como españoles de tercera, negando a las familias con personas dependientes las prestaciones a las que tienen derecho”.