El Consell gana tiempo y evita aceptar el reparto obligatorio de menores

Acuse de recibo. O en lenguaje moderno, ‘dejar en leído’. Así se refieren los jóvenes a la acción de enviar un mensaje y no obtener respuesta pese a haber sido recibido por el destinatario. Y eso es lo que hicieron ayer las autonomías gobernadas por el PP, incluida la Comunitat Valenciana, ante la propuesta del Gobierno para reformar la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros —más conocida como ley de Extranjería— que se presentó ayer a los territorios en la conferencia sectorial de Infancia celebrada en Canarias. 

El Consell mantuvo silencio tras la reunión. Y durante la misma no entró a valorar la iniciativa planteada por Moncloa. «Nos damos por informados», señaló no solo la delegación valenciana —que asistió de forma telemática— sino todas las comunidades con un presidente popular al mando. 

Una maniobra coordinada desde la dirección nacional del partido y una forma de ganar tiempo ante un asunto delicado y que ha tensionado la relación de PP y Vox a nivel estatal en los últimos días. Pese a ello, la coalición valenciana se ha mostrado unida y aparentemente impermeable a la batalla entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Madrid.

El Ejecutivo central quiere que la ley pase a hacer obligatorios los repartos de menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago. Estos, en base a la norma actual, deben ser distribuidos entre las comunidades pero de forma voluntaria, lo que ha provocado respuestas muy desiguales entre comunidades. El asunto es una patata caliente para Génova y los barones del PP como Carlos Mazón, amenazados por Vox con romper esos ejecutivos regionales si admiten la llegada de más personas migrantes a sus regiones.

Sin tiempo para estudiar la reforma

Fuentes presentes en la cita explicaban anoche que la Generalitat, como el resto de autonomías populares, justificó su falta de posicionamiento en el hecho de haber recibido el borrador de la propuesta de reforma con muy poca antelación. El texto, no obstante, sí fue remitido a los grupos parlamentarios del Congreso, donde se votará la modificación.

En concreto, según denunció la representante valenciana en la conferencia sectorial, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, el documento a debatir fue distribuido por el Gobierno el martes por la tarde, apenas 24 horas antes del cónclave. Por eso, todos los territorios del PP evitaron fijar ayer una posición.

La obligatoriedad, clave

El Consell, como el resto de comunidades del PP, mostró asimismo reticencias a que esa modificación de la ley convierta en obligatorio el reparto anual, según las informaciones que salieron del encuentro. 

La vicepresidenta volvió a recordar los datos de ocupación de los centros de acogida, donde se atienden 481 chavales pese a contar con 317 plazas, para cuestionar que el envío se haga por decreto.

En cuanto al reparto de los 347 menores pendiente desde 2022, el Consell votó a favor de que se redistribuyan de forma voluntaria. Camarero lo vincuó horas antes a una mejora de la financiación.

Igualmente, las comunidades del PP dejaron constancia de su malestar por haber sido acusadas de «insolidaridad» por Moncloa por esos reparos a seguir acogiendo a menores migrantes de Canarias, que ahora mismo da cobijo a unos 6.000 niños y adolescentes.

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