Mollá revalida como decana de los procuradores con el reto de conseguir "retribuciones justas"

El Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) ha reelegido como decana a Begoña Mollá, la cual ha revalidado su cargo tras el proceso electoral con una única candidatura. En su reelección, la decana ha asegurado que la entidad continuará en su lucha para conseguir "unas retribuciones justas" con "aranceles dignos" que estén a "la altura del desempeño de los profesionales de la procura". En su discurso, Mollá ha denunciado las diferencias de inflación entre el coste de la vida y los aranceles de los procuradores en los últimos 20 años. Mientras que los primeros se han incrementado en un 80 %, los segundos lo han hecho solo un 35 %.

La lucha de este colectivo profesional dura un par de años. Es contra el Real Decreto 307/2022, que impone "unos aranceles máximos" con los que, según Mollá, "no podemos cobrar más de lo que marca el decreto, pero para cobrar menos, no hay problema". ¿Qué desean los procuradores? "Queremos que se marquen unos mínimos que aseguren un pago digno por nuestros servicios, y si hay más complejidad que se pueda negociar con el cliente para cobrar más”, explica la decana del ICPV.

Durante el acto también han tomado posesión los nuevos miembros de la junta, que queda configurada con los siguientes nombres: Moisés Toca, Ana María Pons, Paula Bernal, Caridad Montalbán, Carmen Lis, Eduardo Bonacasa, Víctor Pérez, María Teresa Fabra, Carolina Cubells y María del Pilar Sempere.

Pluriempleados

Ante esta situación, los procuradores están buscando un segundo empleo. Así lo explica Mollá: "Nos consta que hay compañeros que tienen un segundo empleo, puesto que con lo que se cobra de los derechos de procurador y con la eliminación de la territorialidad, que hace que los grandes despachos copen el mercado y tiren los precios, no les da para vivir".

El sector pensó que la lucha había terminado cuando el Tribunal Supremo declaró nulo el decreto el 9 de abril e instaba al Ejectivo a redactar uno nuevo. Así lo hizo y publicó uno nuevo, pero "fue en el mismo sentido y con el mismo contenido que el anterior", explica la decana recién elegida. El siguiente paso es presentar un nuevo recurso, con la adhesión de más de 30 colegios, que "representan al 80 % de la profesión" pese "al miedo que, desde otras instituciones, se esté utilizando para impedir que peleemos por lo que creemos que es justo".

Demanda de medio técnicos

Otro de los cambios a los que se ha enfrentado la judicatura en los últimos años es la reforma de en la tramitación de los procedimientos y la justicia digital, aunque desde el IPCV señalan que "la justicia, tal como la conocíamos hasta este momento, y la justicia moderna en muchas ocasiones no van de la mano y se necesitan importantes reformas".

Sobre todo porque Mollá considera que no hay suficientes medios humanos y materiales: "Faltan muchos medios técnicos para adaptar los juzgados a las nuevas tecnologías, muchos funcionarios para descongestionar y formación para ellos". Por último, criticó el sistema de gestión procesal LexNet que tiene como límite de subida 100 megas. Existe una complementaria del Ministerio de Justicia, pero "muchos funcionarios no saben ni siquiera que existe".