Los empresarios audiovisuales Francis Puig y los hermanos Adell Bover piden el archivo de la causa contra ellos

Los empresarios audiovisuales Francis Puig y los hermanos Adell Bover han solicitado al Juzgado de Instrucción 4 el archivo de la causa, tras recibir la ampliación del informe de la Guardia Civil sobre la veracidad de las facturas presentadas solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y que de nuevo se presenta sin conclusiones. Y, según las defensas, "insistiendo en cuestiones ya resueltas", sin consultar el informe de la Intervención de la Generalitat, ya entregado. Además de evidenciar "el más absoluto desconocimiento que los autores del informe presentan acerca del mercado audiovisual".  

Por ello la defensa de Francis Puig, que ejerce el abogado Javier Falomir, solicita el "necesario acuerdo de sobreseimiento y archivo de la presente causa en virtud de una querella que tenía unas evidentes intencionalidades políticas por quien la formuló", asegura en referencia al Partido Popular. 

Tras cinco años de instrucción, la defensa de Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig,  defiende que "practicada la prueba podemos afirmar sin ninguna duda que no existe indicio alguno de la comisión de delito alguno". Y que tanto la acusación pública (la Fiscalía Anticorrupción) como la popular (el PP) "no ha acreditado la existencia de irregularidad alguna en la actuación de mi defendido. Ni por un delito de fraude de subvenciones ni por cualquier otro de los curiosos delitos que se mencionaban en el escrito de querella y sus posteriores ampliaciones". 

El escrito de Francis Puig defiende que sobre el delito de malversación "su autoría queda determinada por la condición de funcionario público de la que no participa mi defendido". Y añade que tampoco existe "sospecha de resolución o actuación arbitraria por parte de funcionario público con el que hubiera cooperado mi cliente".

Sobre el presunto fraude de subvenciones, el abogado Javier Falomir destaca que "lamentablemente, se admitió la querella sin exigir a su promotora que justificara, siquiera indiciariamente, que la cuantía presuntamente defraudada superaba los 120.000 euros. Requisito de procedibilidad del que nadie se acordó entonces". Y que no se supera en ningún caso ya que, como ya contó Levante-EMV,  la Intervención de la Generalitat concluyó que en el periodo 2015-2018 la empresa Comunicació dels Ports pudo recibir indebidamente 33.842,48 euros. Y Mas Mut SL un total de 9.397,00 euros.

Por tanto, defiende el letrado de Francis Puig, "cabe concluir que en ningún ejercicio ni expediente de subvención se supera la cuantía de 120.000 euros lo que excluye que nos encontremos ante hechos penalmente típicos". Y en el caso de ambas empresas "y en relación a todos los expedientes de subvención comprobados, los planes de control han finalizado en todos los casos con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de ninguna administración pública".

Por su parte, los hermanos Adell Bover, cuya defensa ejerce la abogada Carmen Gallego Chinillach, también se suman a la petición de archivo porque defienden que "estamos en momento procesal oportuno, ya que se han realizado todas las diligencias oportunas, para solicitar el sobreseimiento". Porque, defiende la letrada, "para acabar con la condición de 'investigado' y, quedar procesado se requiere la existencia de algún 'indicio racional' que la justifique, es decir, la sospecha fundada en un juicio o razonamiento lógico acerca de la criminalidad". Y no es el caso, según defiende la defensa de los empresarios audiovisuales Adell Bover.

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