Justicia suprime una funcionaria al juzgado de Azud

La Conselleria de Justicia va a rescindir el contrato de la funcionaria en funciones de auxilio judicial en el Juzgado de Instrucción que investiga el caso Azud, según ha podido saber Levante-EMV y confirman fuentes oficiales. No obstante, desde el departamento que dirige Elisa Núñez aseguran que «ya se ha hablado con el letrado de la administración de justicia [del Juzgado de Instrucción 13] para buscar una solución lo antes posible».

La supresión de la funcionaria en funciones de auxilio judicial se adopta a pesar de que, como ayer informó este periódico, una resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictada tras realizar una inspección al Juzgado de Instrucción 13, recomendaba a la Conselleria de Justicia que mantenga los refuerzos de cuatro funcionarias interinas (una gestora, dos tramitadoras y un auxilio judicial) destinados a la gestión diaria del caso Azud. Además de recomendar que una jueza o juez se haga cargo del trabajo ordinario del juzgado para permitir a la titular del Juzgado de Instrucción 13 que se dedique en exclusiva a instruir la macrocausa de corrupción. 

Desde la Conselleria de Justicia explican que de los cuatro funcionarios destinados a Instrucción 13 con motivo del caso Azud «dos cesan porque se les aplicaba la ley 20/21 ( de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público) y uno de ellos vamos a crearlo transversal». Y la cuarta persona con la que contaba el Juzgado de Instrucción 13 es la que se va a buscar «una solución lo antes posible». 

El trabajo de las personas gestoras, tramitadoras y personas de auxilio judicial resulta vital para el avance de manera ordenada de una causa tan compleja como el caso Azud que comenzó a investigarse el 10 de abril de 2017. 

Un total de 52 investigados

La macrocausa de corrupción ya supera los 100 tomos, los 20.000 folios y los 400 informes de la Fiscalía Anticorrupción. En total se investiga a un total de 52 personas y se ha archivado la instrucción para otras 14. Entre los investigados están el abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá; el vicealcalde de València, Alfonso Grau, (condenado por cohecho con un contratista del Ayuntamiento de València) y pendiente de sentencia de la pieza separada del caso Taula por malversación al destinar dinero público presuntamente a pagar las campañas electorales municipales de 2007 y 2011 de Rita Barberá. 

En la causa también se investiga al exportavoz del PSPV, Rafael Rubio y el responsable de finanzas del PSPV-PSOE de 1999 a 2004, José María Cataluña por el presunto cobro de mordidas. En la causa también se investiga la presunta financiación ilegal de gastos electorales en 2007 y 2008.

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