Triple ofensiva del Consell contra el Gobierno: financiación, l'Albufera y Marie Claire

Las conselleras de Medio Ambiente, Hacienda e Industria cargan cada una desde su área contra el Ejecutivo central

La portavoz del Consell, Ruth Merino, en el centro y a sus lados, Nuria Montes, de Industria; y Salomé Pradas, de Medio Ambiente, este viernes.

La portavoz del Consell, Ruth Merino, en el centro y a sus lados, Nuria Montes, de Industria; y Salomé Pradas, de Medio Ambiente, este viernes. / Levante-EMV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

Que la portavoz del Consell salga en rueda de prensa cargando contra el Gobierno de España no es algo inusual, forma parte de la rutina política del último año. Lo diferente tras el pleno del Consell de ayer, que no tuvo como único elemento distintivo que se celebrara en Castelló, fue que el reproche al Ejecutivo central tuvo en la fotografía a tres conselleras: la de Hacienda (y también portavoz, Ruth Merino), la de Medio Ambiente (Salomé Pradas) y la de Industria (Nuria Montes) que se convirtieron en un tridente ofensivo cada una con un tema distinto exigiendo soluciones o lamentando (in)acciones de Pedro Sánchez y sus ministros.

La fotografía no fue del todo casual. Habitualmente si algún titular de departamento comparece es por presentar algún proyecto legislativo destacado, sin embargo, ayer Pradas y Montes acompañaron a Merino para "dar cuenta" de unos puntos que se encontraban "fuera del orden del día" de la reunión semanal del Consell. Estos fueron el envío de agua para l'Albufera, el futuro de la empresa Marie Claire y el pago de las entregas a cuenta del sistema de financiación, tres temas distintos, independientes entre sí, pero que convergieron en que las tres conselleras señalaron como culpable al Gobierno de España.

"El Gobierno nos están tangando", señaló la titular de Hacienda y portavoz del Consell sobre las entregas a cuenta, los anticipos que el Estado envía mensualmente a las autonomías basándose en el sistema de financiación, y que tras la prórroga de los presupuestos de 2023 no se habían actualizado al alza como tocaba. Ahora, "por fin seis meses después" se ha acordado pagar anticipos, unos 500 millones de euros que se podrán cobrar a partir de julio, aunque indicó como una "desvergüenza" que no vaya a ser hasta septiembre y prorrateada cuando se obre.

Pradas interviene en la comparecencia posterior al pleno del Consell, este viernes.

Pradas interviene en la comparecencia posterior al pleno del Consell, este viernes. / Levante-EMV

La cuestión de la financiación sirvió a la portavoz del Consell para cargar contra el Gobierno y señalar que lleva "mucho tiempo abandonando" a la Comunitat Valenciana. El sistema de reparto de recursos es una cuestión nuclear en las reivindicaciones valencianas ante el Gobierno central, agitado especialmente ante el debate de la financiación singular para Cataluña, aunque la reforma del modelo depende de un pacto entre los grandes partidos y de hecho, las filas socialistas han reivindicado que nunca antes se había enviado más fondos desde el Estado a las arcas valencianas.

Recurso por l'Albufera

Pero la financiación fue solo uno de los motivos, una de las tres puntas del tridente. "Hay muchas otras cosas con las que nos tangan también", agregó Merino como anticipo. Le tomó entonces la palabra la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, para "ratificar" el recurso contencioso-administrativo que la Generalitat presentará contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Transición Ecológica por no haber cumplido con los aportes de agua para el lago de l'Albufera. Así, Pradas acusó a Teresa Ribera de actuar "de forma trilera", con "falta de rigor" o de llevar a cabo un "negligente incumplimiento".

Por último, en la lista de agravios del Consell al Gobierno central, Montes aseveró que es Pedro Sánchez «quien ha matado a la fábrica de Marie Claire». La consellera de Industria indicó que es la negativa del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a aceptar la operación de venta de la compañía la que amenaza el futuro de la empresa. Esta venta, dijo, «era una opción de continuar con la actividad productiva de esta firma», por lo que Montes indicó que si el Gobierno central «no se autoenmienda antes del próximo martes», Sánchez será «el responsable de firmar el certificado de defunción de esta empresa centenaria».

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