En España sólo se registra una de cada 200 agresiones por lgtbifobia

«Eran unos conocidos, amigos de una amiga mía. Estaba en una discoteca y me puse a hablar con uno de ellos. Fue entonces cuando se acercaron los otros dos. De repente, me insultaron y uno de ellos me pegó un puñetazo en el estómago. No lo denuncié ni se me ocurrió, pero, al fin y al cabo, era una agresión homófoba. Tenía 20 años y no lo pensé; hoy, con 34, sí lo haría».

Es el testimonio de una víctima de agresión homófoba que, como en el 80,7 % de los casos, no denunció. Su historia, como tantas otras, no forma parte de las listas de delitos de odio que aparecen en los registros oficiales.

Opinión Orgullo LGTBIQLluís Pérez

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Según el Ministerio del Interior, en el último lustro se han producido un total de 1.551 casos reconocidos de delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo, alrededor de 350.000 personas LGTBI+ han sido agredidas física o sexualmente en España (un 10 % del colectivo), cerca de un millón han sido acosadas (28,7 %) y una de cada tres personas ha sido discriminada (1.100.000 personas, un 32,4 %), según el informe ‘Estado LGTBI+ 2023’ elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Problema de infradetección

Según el informe del ‘Estado LGTBI+ 2023’, sólo se estaría registrando como delito de odio en España una de cada 200 agresiones relacionadas con delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. Esto se debe, principalmente, a dos motivos: la infradenuncia y la infradetección.

Un 80,7 % de las personas LGTBI+ que sufrió algún delito de odio en los últimos cinco años no denunció ante la Policía; de estos, un 23,7 % acudió a una asociación LGTBI+ para comunicar los hechos. En este sentido, desde Lambda subrayan la importancia de denunciar este tipo de hechos, incluso aunque se trate de ataques verbales en los que no se llegue a producir una agresión física. «Es muy importante porque este tipo de ataques, además de ir en aumento en los últimos años, son la parte oculta del iceberg de las agresiones que se producen contra el colectivo LGTBIQ+».

Por otra parte, se encuentra la infradetección, que hace referencia a las denuncias que dicen presentarse pero que no se identifican oficialmente como delitos de odio. «Los datos de delitos, de agresiones físicas o sexuales al colectivo LGTBI+ que sí han sido denunciados según la encuesta estado LGTBI+ multiplican por cerca de 40 los datos oficiales de delitos de odio, por lo que todo esto nos hace pensar que existe un problema de infradetección de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género en España», constata el informe.

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Compromiso de los poderes públicos

Asimismo, la encuesta Estado LGTBI+ advierte que las personas LGTBI+ detectan, cuanto menos, una situación adversa que no avanza e incluso que empeora en lo relativo a la violencia física y los discursos de odio. Así pues, el porcentaje de los encuestados que señala que los discursos de odio «han empeorado» o «han empeorado mucho» durante el último lustro asciende al 65 %.

Sin embargo, la opinión sobre la evolución de la discriminación mantiene en su conjunto una percepción más optimista, puesto que las opciones de respuesta «ha mejorado» o «ha mejorado mucho» son más elevadas que las relacionadas con opciones de empeoramiento.

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En este sentido, la opinión mayoritaria respecto al compromiso con el colectivo LGTBI+ del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las dos instituciones directamente implicadas en la intervención ante situaciones de odio, es bastante negativa. En lo que se refiere al Poder Judicial, el porcentaje más elevado lo ocupa la respuesta «poco» con un 46,6 %, mientras que la suma de «poco» y «nada» supone el 65,4 % del total de respuestas; del mismo modo, en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la valoración más numerosa también es «poco» con el 43,4 % de las respuestas, mientras que la suma de «poco» y «nada» representa el 69,7 % de las respuestas.

Así pues, el estudio invita a que estos resultados provoquen «una reflexión a los poderes públicos, implicándose en la generación de mensajes de confianza para, conjuntamente, eliminar cualquier expresión, acto o actitud de odio».