Castilla-La Mancha califica de políticas las alegaciones al trasvase

El Gobierno de España «valora» el informe técnico presentado por Castilla-La Mancha a la futura modificación de las reglas de trasvase Tajo-Segura, que «es el único documento técnico presentado, además del encargado por el Ministerio [de Transición Ecológica]», según aseguró ayer la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez (PSOE).

Los informes de Madrid, Murcia, Valencia y Andalucía «son políticos y económicos, no técnicos», mantuvo en declaraciones a los periodistas ayer en Toledo, según recoge la agencia Efe.

Gómez explicó que según «la información que ha facilitado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) -de la que carecen el resto de autonomías- ya se han evaluado todos los documentos presentados en el trámite de consulta pública». La consejera no ha explicado qué es lo que ha valorado el Gobierno, ni cuál es el resultado de esa evaluación.

La Confederación Hidrográfica del Tajo impulsa la modificación de esas reglas del trasvase que es una obligación legal cada vez que se aprueba un nuevo ciclo del plan de cuenca. En este caso el que se validó en enero de 2023 y que se prolongará hasta 2027. La CHT, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, pide que las comunidades afectadas, tanto la emisora de recursos hídricos -Castilla La Mancha y Madrid- como las receptoras -Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía (Almería)- presenten alegaciones a esa modificación. Aunque aún no disponen de un documento base de referencia que alegar por lo que las administraciones se pronuncian sobre cómo funcionan ahora esas reglas y qué cambios podrían introducirse.

Alegaciones conjuntas

Las alegaciones conjuntas de Valencia, Madrid, Murcia y Andalucía señalan que la actualización de la regla difícilmente «podrá evitar el impacto de las reducciones en las posibilidades de trasvase al Segura y Guadiana, reducciones debidas fundamentalmente a los nuevos caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo».

Las alegaciones matizan que sí existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que exigen el establecimiento de un caudal ecológico, pero que en ningún momento fijan si tiene que ser el establecido por el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Un argumento, no obstante, que ya esgrimió el anterior Gobierno del Botànic para evitar el recorte en el plan de cuenca del Tajo, sin éxito y que se mantiene en los recursos judiciales.