Un fondo buitre desahucia en 72 horas a una madre con dos niñas pequeñas

La última vez intervino el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, pero ahora hay una nueva fecha: martes 25 de junio, a las 10 horas. Así, faltan 72 horas para que Dolores Pisaborja y sus dos hijas, de 3 y 6 años, se queden en la calle tras ser desahuciadas del piso donde viven desde 2017, ahora propiedad de un fondo buitre.  

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València no dudó en llevar el caso a la ONU y solicitar su intervención ante la decisión del juzgado de ordenar el lanzamiento a instancias del fondo Promontoria Coliseum. Y hubo respuesta de Naciones Unidas y la suspensión del desahucio durante dos meses. Pero ese tiempo ya ha pasado. La situación se repite, la ansiedad aumenta y las alternativas se agotan para una mujer que carece de red familiar que la acoja.

La joven, de 29 años y a la que llaman Lola, es demandante de vivienda social desde hace años y no ha conseguido un piso ni de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) ni del ayuntamiento de València. Ninguna de las dos entidades ve la «urgencia» en el desahucio de esta mujer con dos niñas pequeñas y sin alternativa habitacional. 

«Su suegra era quien tenía firmado un contrato de alquiler social con el banco, que acabó vendiendo esa propiedad al fondo buitre. Y el fondo buitre solo quiere los pisos vacíos. Se niegan a firmar cualquier tipo de alquiler social que es, precisamente, lo que necesita Lola», explican desde la PAH. 

La mujer percibe ahora la Renta Valenciana de Inclusión y está separada. Ingresa cerca de 900 euros (por ella y sus dos hijas pequeñas) y necesita un alquiler social ya que es la única manera de conseguir vivienda. Los particulares y las inmobiliarias no firman alquileres con personas que cobren las rentas mínimas en un mercado libre, además, con el precio al alza. «Quiero y puedo pagar un alquiler social, pero no me dan la opción. No consideran mi caso urgente. Y eso que en tres días me veo en la calle con mis dos niñas pequeñas. ¿Dónde voy? No puedo pensarlo. Me encuentro fatal. Nadie sabe lo que es pasar por esto», explica la joven. 

El fondo buitre le ofrece 3.000 euros por abandonar la vivienda. Ella no ha cogido el dinero. «Me ofrecen dinero para que me vaya pero se niegan a firmar conmigo un alquiler social que me permita sobreponerme y vivir con dignidad. Mis hijas no merecen esto. No tienen culpa de nada», explica la joven. 

Desde la PAH exigen la intervención de una Administración pública «que está desaparecida» y no da respuesta a los casos que se acumulan en la PAH. Sin embargo, la presencia de menores implica palabras mayores.

Evitar «daños irreparables»

Desde la PAH aseguran que  el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitaron al Estado que «mientras se estudiara su situación se adoptaran las medidas pertinentes para evitar daños irreparables. Y entre las soluciones figura la suspensión del desahucio o que este se lleve a cabo cuando la mujer tenga una vivienda. Esta información la tienen las Administraciones, que le pidieron más documentación . Ella está a la espera de respuesta. Pero el tiempo pasa y hay una nueva fecha de desalojo. Se acaba el tiempo». n