El Consell Valencià de Cultura reprocha a PP y Vox que la ley de Concordia "manipula" la historia

A finales de marzo, los grupos de PP y Vox presentaron en las Corts, de una tacada, cinco proposiciones de ley que han cambiado el ritmo de la legislatura. Cinco normas de gran calado (sobre el uso del valenciano en los colegios, memoria histórica, la radiotelevisión pública, transparencia y la agencia Antifraude autonómica) que el Consell, también de PP y Vox, podría haber presentado directamente en forma de proyectos de ley, una modalidad más exigente con la tramitación parlamentaria. La izquierda pidió ese camino largo, pero los socios de gobierno tumbaron la petición, alegando que la proposición de ley fue un formato muy utilizado por el Botànic y que habría tiempo para incorporar sugerencias de la oposición durante la fase de enmiendas.

La fórmula del proyecto de ley obliga, entre otras cosas, a que los textos pasen por el filtro de los órganos consultivos como el Consell Jurídic (CJC) o el Consell Valencià de Cultura (CVC). También dispone unos plazos más amplios para la fase de exposición pública, cuando la sociedad civil puede proponer modificaciones. Al optar por presentar las normas desde los grupos parlamentarios, PP y Vox evitan que esos informes sean preceptivos. Pero lo que no pueden impedir es que se emitan algunas valoraciones sobre esas leyes.

Un punto de inflexión que calienta la legislatura de PP y Vox

Es lo que hará el próximo martes el Consell Valencià de Cultura con la llamada ley de Concordia. A instancias de una petición del síndic del PSPV, José Muñoz, la comisión jurídica ha elaborado un borrador en el que carga con dureza contra la propuesta de PP y Vox, que tacha de "manipuladora", "sesgada" y "tendenciosa" por "igualar" periodos históricos y que será aprobada en el próximo pleno salvo sorpresa. Explica que se pronuncia, pese a no ser obligatorio, "por considerar que se trata de un asunto de relevancia e interés para la sociedad valenciana".

El borrador, al que ha accedido Levante-EMV y que ha sido aprobado por la comisión jurídica, concluye que la ley de PP y Vox tiene "carencias muy importantes a nivel histórico y social" y alerta de que su puesta en marcha será "contraproducente" para la convivencia. Además, es tajante al afirmar que "negar la realidad histórica no es concordia" sino "manipulación". "La realidad histórica no se puede imponer, sino que se investiga y se aprende", defiende el órgano consultivo.

"Desacreditar la Segunda República es reduccionista"

El documento aborda todas las épocas que se recogerán en la futura norma valenciana, que va avanzando en las Corts. Sobre el tratamiento a la Segunda República, uno de los puntos de la ley más criticados por los historiadores, el CVC señala: "Hablar de la Segunda República desacreditándola es una falsedad y un reduccionismo histórico ya que entonces deberíamos desacreditar toda la historia de los siglos XIX y XX".

Así, califica este periodo como "una democracia" en la que, aunque se produjeron "errores", no puede ser "equiparada" con una "dictadura de 40 años". "Es sesgado y tendencioso", remata citando extensa bibliografía en ese sentido.

¿1931 o 1936? La política regresa a la trinchera del pasado

En cuanto a la guerra civil, el CVC destaca que se perpetraron crímenes en "ambos bandos", pero rechaza la equivalencia porque los considera "muy distintos cuantitativa y cualitativamente". Según desarrolla el informe, los crímenes del bando republicano están "bastante identificados" tanto por las propias autoridades de la época como por las labores de identificación del régimen franquista durante la Causa General mientras "calcular las muertes por la violencia de los golpistas presenta mucha dificultad". Igualmente, afirma que la violencia "no acaba" con el fin de la guerra civil sino que se prolonga hasta 1948, con "ejecuciones sistemáticas" del bando perdedor.

Por todo ello considera que la ley de PP y Vox "falsea la historia" al "igualar" todas las causas históricas y "equiparar dictadura y democracia", además de "contravenir los derechos humanos y negar la memoria histórica". También señala que el "discurso no tiene ningún rigor científico" porque "desconoce gravemente" la historia y las investigaciones académicas a la vez que "demoniza" la Segunda República al "negar" su condición de Estado democrático.

Por último, afea la intención de "equilibrar el discurso" porque "nunca ha habido equilibrio" entre ambos bandos, "ya que unos continúan desaparecidos". Y lanza un aviso sobre la aprobación de la norma al vaticinar que "romperá la convivencia, con graves consecuencias por el menosprecio y la humillación a una parte de la población".

PSPV: "Atenta contra los derechos humanos y la Constitución"

Para Muñoz, el pronunciamiento del CVC "demuestra que se trata de una ley que atenta contra los derechos humanos y contra la Constitución. El portavoz socialista ve "inaudito" que se apruebe una norma "que blanquea el franquismo e insulta a las víctimas de la dictadura y avergüenza a todos los valencianos y valencianas".

El dirigente del PSPV considera que Mazón "ha asumido las tesis más ultras" y se muestra sorprendido de que "siga defendiendo una norma que es una indignidad y un retroceso para la Comunitat Valenciana". "Mazón debería plantearse no seguir adelante con su tramitación ya no solo por la presión social, sino también por los tribunales", concluye.

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