El exdirectivo condenado López Abad niega favores a Zaplana y que recomendara a Francisco Grau en la CAM
El exalto cargo asegura que el exministro recibió de la entidad un "trato exquisito" en su hipoteca
Altos cargos de Iberdrola confirman que la mediación de José Luis Olivas, por la que facturó 550.000 euros, no fue necesaria y un perito de parte defiende que no participó en el plan eólico
Los expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, en el juicio de Erial. / Rober Solsona/Europa Press
El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, negó ayer en su declaración como testigo en el caso Erial que la extinta caja beneficiara en 2002 al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en la concesión de un préstamo para la compra de un piso de 532 metros cuadrados en el madrileño Paseo de la Castellana. La vivienda se adquirió por 1,6 millones de euros, merced a un «préstamo hipotecario de la CAM por 2,2 millones de euros», según admitió el mismo Zaplana en un informe pericial sobre su patrimonio aportado a la causa.
«Se siguió el procedimiento establecido y las condiciones fueron francas y justificadas. En su caso y en otros casos se seguía un comportamiento totalmente exquisito», ha declarado López Abad. Zaplana consiguió, como publicó en su momento Levante-EMV, una carencia de seis años del capital principal (1,6 millones) por lo que desde 2002 hasta 2008 sólo pagó los intereses del préstamo, que fueron fijos, al 3,36% el primer año (equivalentes a cuotas mensuales de 8.044,48 euros) y variables (euribor mas el 0,40%) a partir del segundo año.
López Abad, citado por la defensa del economista y asesor fiscal del caso Erial, Francisco Grau, también echó un capote a este último al declarar que no fue Zaplana quien lo recomendó en la CAM, sino que, según su versión, entró «a propuesta del Ayuntamiento de Alicante. Primero fue por el ayuntamiento y luego por la Generalitat. Cuando entra Grau se le nombra del consejo territorial de Alicante como segundo suplente de un miembro del consejo de administración. Pero hay un cambio en la ley autonómica. Se crea el grupo de representación de la Generalitat, los representantes políticos tuvieron que dejarlo y entró el señor Grau. Porque era miembro a propuesta de las Corts o del ayuntamiento», explicó López Abad.
El exdirector general de la CAM también defendió la labor de Francisco Grau en la entidad bancaria porque «mientras estuvo en el consejo de administración o comisión de control tuvo una actitud bastante activa. Tuvo el cargo de secretario del consejo por sus conocimientos. Estaba versado en economía, era auditor» y negó que actuara por interés político. «En la ley estaba previsto que solo podía actuar en interés de la entidad». Igualmente también defendió que Grau participara en el consejo de Terra Mítica porque «era de interés del consejo [de la CAM] y se decidió que pasara por el consejo con independencia que excediera de las facultades delegadas». Cabe recordar que el exdirector de la CAM Roberto López Abad fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito de administración desleal en relación a operaciones de crédito concedidas a la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.
La gestión de 580.000 euros
En la jornada de ayer también desfilaron testigos citados por la defensa de José Luis Olivas para intentar justificar los 580.000 euros (IVA incluido) que el expresidente de la Generalitat y Bancaja cobró de Vicente Cotino en 2008 por «mediar» y desatascar la venta de acciones de Proyectos eólicos valencianos (Pepsa) participada por Endesa (55%), Sedesa Inversiones (20%) y Bancaja (20%). Olivas y Cotino fueron condenados a un año y medio de cárcel por falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública al considerar este asesoramiento ficticio. Según la sentencia de Penal 6, la intervención de Olivas fue «una simulación de prestación de servicio de asesoramiento realmente inexistente». Y sobre su mediación con el presidente de Iberdrola consideró que «una conversación no vale 500.000 euros». La Fiscalía Anticorrupción pide ahora para él seis años de cárcel por los delitos de cohecho y prevaricación al considerar que el pago de 580.000 euros fue una comisión de Sedesa.
Los mismos representantes de Iberdrola y de Bancaja que declararon en el juicio contra Olivas y Cotino en 2015 confirmaron ayer que la venta de las acciones de Pepsa a Endesa y las gestiones con Iberdrola no precisaron de ningún asesoramiento «externo». Además, ninguno conocía de la existencia de la empresa de Olivas Imarol SL, ni tampoco que hubiera cobrado por estas gestiones. Sólo un perito de parte, pagado por Olivas, testificó que no pudo intervenir en la adjudicación de los planes eólicos.
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