El Gobierno busca blindar la sanidad pública y cerrar la puerta al modelo Alzira

El modelo Alzira fue la apuesta del PP de la Comunitat Valenciana para dejar la gestión de los departamentos de salud públicos en mano del sector privado. Su nombre se debe al departamento de la Ribera, el primero de España basado en este modelo, que se prolongó durante más de 20 años hasta el inicio del proceso de reversión en 2018, con su paso a la gestión pública. El proceso se ha repetido en los departamentos de Torrevieja, Denia y Manises, aunque se mantiene en el departamento del Vinalopó-Elx. Ahora, el Ministerio de Sanidad pretende impulsar la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, anunciada ayer por la ministra Mónica García, que potenciará la sanidad pública para "dar portazo al lucro de las empresas privadas". Entre otras medidas, incluirá facilitar las reversiones -se han encontrado múltiples trabas judiciales con las empresas concesionarias- y limitará la gestión de servicios públicos por parte del sector privado.

De salir adelante la normativa en el Congreso supondría cerrar la puerta al regreso del modelo Alzira en el futuro. Es cierto que no parece entrar en la hoja de ruta del actual Consell, bajo cuyo mandato han culminado los procesos de reversión en los departamentos de Denia y Manises, el último iniciado la pasada semana; pero el conseller Marciano Gómez se ha mostrado proclive a prorrogar la concesión del hospital del Vinalopó por la "eficacia" demostrada en los datos de gestión que maneja la Generalitat Valenciana.

La legislación anunciada por García, que supondrá derogar la normativa de 1997 por la cual el gobierno de Aznar habilitó fórmulas de gestión privada en el ámbito sanitario, recupera un proyecto de la ministra Darías, afectado por el adelanto electoral, aunque la actual composición del Congreso puede complicar su tramitación parlamentaria, ya que el Gobierno necesitará el apoyo de partidos como el PNV o Junts que no tienen, en principio, está prioridad en sus agenda ideológicas.

Eliminar los "intereses mercantilistas"

El PSPV y Compromís -forman parte del Gobierno de coalición, los segundo dentro de Sumar- se muestran a favor de esta normativa que, según el socialista Rafa Simón, eliminará "los intereses mercantilistas de unos pocos" y evitará que "estén por encima de la salud de los valencianos y valencianas". Al final, el camino a seguir por el Ejecutivo es un espaldarazo a la apuesta del Botànic de apostar por la reversión en la gestión de los departamentos de salud con el modelo Alzira.

Para Carles Esteve de Compromís, es una demostración de que el modelo de gestión privada "no ha funcionado ni en lo económico ni en lo sanitario" porque la fórmula para "ganar dinero" se ha basado en "reducir los salarios y empeorar la atención sanitaria". Además, el nacionalista señala que la futura ley facilitará los procesos de reversión, para "evitar que se judicialicen los procesos que han sido muy complicados" y aportará transparencia, control y auditoría a la gestión privada. "Los mecanismos de control actuales son inexistentes y el conseller pretende prorrogar la concesión del Vinalopó sin "ningún informe que argumente la continuidad de este modelo de gestión".

En este sentido, García ha resaltado que la ley quiere "poner freno" a las prácticas que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos que "salen del dinero de la salud de los ciudadanos" para destinar cada euro de los impuestos a "garantizar el derecho a la salud y no a las cuentas de resultados de las empresas privadas".

Una sanidad en "grado intermedio de privatización"

A pesar de la vuelta de la sanidad a la gestión pública, lo cierto es que la privatización del sector se ha incrementado en la Comunitat Valenciana en la última década. Así se refleja en el informe "La privatización sanitaria de las CCAA 2024" de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FADSP) que sitúa la sanidad valenciana como "en un grado intermedio de privatización". El documento le otorga un total de 24 puntos -sobre un máximo de 34 posibles-, a solo un punto de entrar entre el grupo de autonomías con "un mayor grado de privatización", en el que se encuentran Madrid, con 28 puntos en la más privatizada según el informe; seguida por Baleares, Cataluña y Andalucía.

El informe destaca que "la privatización ha aumentado en todas las comunidades autónomas" porque la media de puntuación nacional ha crecido 1,41 puntos respecto al informe anterior. En el caso de la Comunitat Valenciana, sube dos puestos respecto al año pasado y hasta cuatro puestos respecto al año 2014. En este periodo, se ha producido un aumento del número de hospitales privados, con las recientes aperturas de IMED Colón o el futuro hospital Ascires en Patraix, pero desde la sanidad pública también se ha incrementado el gasto en la sanidad privada con la derivación de cirugías a la privada que, solo en 2023, gastó 31 millones en este sentido. En el sentido contrario, en este periodo, se han producido las reversiones de los hospitales de Alzira, Torrevieja, Denia y el último el de Manises, la pasada semana.

La sanidad privada concentra tres de cada 10 camas hospitalarias

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