El veto a la Ley de Costas vuelve a fijar los deslindes en 5 temporales durante un lustro

El fallo del Supremo obliga a revisar los expedientes abiertos bajo el criterio de la primera borrasca extrema como fue Gloria

Manifestación de afectados entre las playas de Canet y de Sagunt.

Manifestación de afectados entre las playas de Canet y de Sagunt. / Levante-EMV

Los deslindes en la costa valenciana no los marcarán los efectos de un único temporal, sino que el dominio público quedará otra vez establecido por la suma de cinco de estos eventos meteorológicos y en un período de un lustro. Así lo entienden los expertos tras el varapalo del Tribunal Supremo a la reforma de la Ley de Costas. El reglamento que desarrollaba la normativa fijaba unas «condiciones excesivas», según afectados y ayuntamientos, a los que ahora el alto tribunal da la razón por entender que el Gobierno se saltó el trámite de audiencia pública.

Reclamaciones vecinales

Para Vicente Martínez Mus, director general de Costas, el fallo judicial tumba los planes del Ministerio de Transición Ecológica y valida las reclamaciones vecinales, municipales y autonómicas. Son cientos lo recursos presentados desde la aprobación del remozado texto normativo en agosto de 2022, aunque desde el departamento de la ministra Teresa Ribera no se haya concretado la cifra exacta. Todo ello pese a las reiteradas preguntas que elevó al ejecutivo de Pedro Sánchez siendo senador. «Se estaba aplicando el criterio del Gloria, que además fue una borrasca anterior – enero de 2020-», remarca.

Martínez Mus, en su etapa de senador, con los diputados Castelló y Gil, con la candidata y el portavoz en Sagunt

Martínez Mus, en su etapa de senador, con los diputados Castelló y Gil, con la candidata y el portavoz en Sagunt / Daniel Tortajada

Martínez Mus, quien fue alcalde de Xilxes, ha sido una de las voces más críticas contra las nuevas exigencias ministeriales. «Había mucha arbitrariedad en todo el proceso, no podía ser», incide desde su puesto en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

«En todo este proceso había demasiada arbitrariedad, no podía ser», señalan desde la conselleria de Pradas

La sentencia del Tribunal Supremo afecta también, entiende, al capítulo de los chiringuitos y las concesiones. «Nos dan la razón»,comenta quien ha hecho bandera de las numerosas reivindicaciones de estos últimos años no solo de los consistorios como el suyo, sino de las plataformas de afectados.

Temporal en el Saler

Temporal en el Saler / F. Bustamante

Exprimir las competencias

En paralelo, el departamento que preside la consellera Salomé Pradas continúa con la redacción de una ley de costas propia para la Comunitat Valenciana, con el objetivo «de exprimir al máximo las competencias en la ordenación del territorio, incluído el litoral». La meta es adequar un texto que recoja la propia fisonomía de la costa valencianas, que no es la gallega ni la cántabra. «El Mediterráneo no es el Atlántico», subraya Martínez Mus.

«La medida era totalmente injusta», señalan los vecinos de Morvedre

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha declarado nulo el decreto que modificó el Reglamento General de Costas ha sido recibida con «alegría y alivio « en la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, pues ésta siempre ha considerado que ese cambio podía acabar con el «expolio» de terrenos privados «por el mero hecho que los afecte una oleada en algún temporal». «Estamos muy contentos porque esa medida era totalmente injusta, como dijimos desde el primer momento», aseguraba la presidenta de la entidad, Amparo Peris. «Es evidente que el Tribunal ni siquiera ha entrado en el fondo del asunto porque ya, de entrada, ha visto que la forma de tramitarlo no fue correcta al omitir la consulta pública a los afectados. Pero insistimos en que no era justo que, porque una ola llegara a tu casa en un temporal, te la pudieran expropiar», apuntaba. El malestar que ocasionó en Sagunt ese cambio hizo que esta entidad acabara instando al ayuntamiento a interponer un recurso contencioso-administrativo. Esta última acción la aprobó el alcalde, Darío Moreno, en una resolución de alcaldía y luego fue aprobada por unanimidad en el pleno del ayuntamiento.

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