Medio Ambiente extrema el control sobre las quemas de paja en l’Albufera

La quema de la paja del arroz generó ayer una densa humareda sobre el Parc Natural de l’Albufera, llegando a numerosas poblaciones limítrofes. Un vistazo a la aplicación Quepar del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), dirigida a los agricultores, señalaba sin embargo el alto riesgo meteorológico y ambiental. El uso del fuego en el humedal para acabar con los restos de la cosecha está prohibido excepto por motivos fitosanitarios y siempre con autorización previa. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio aseguraba a Levante-EMV que se ha intensificado la vigilancia en toda la marjal.

El objetivo, según el departamento que dirige Salomé Pradas, es garantizar el cumplimiento de los permisos pertinentes. Las previsiones meteorológicas apuntan lluvia para el próximo jueves, con el riesgo que ello comporta de pudrición de los residuos agrícolas que no se hayan podido recoger aún por la dificultad del terreno. El temor a episodios de anoxia como el de noviembre de 2019 no es una cuestión baladí. En aquella ocasión las lluvias torrenciales caídas sobre todo en la comarca de la Ribera obligaron a la entonces Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica a activar un plan de emergencia para la retirada de miles de toneladas de paja para evitar un desastre ambiental.

Solo en dos zonas

Medio Ambiente publicó hace unos días el plan de la paja para esta campaña donde acotaba el uso del fuego en los arrozales razones estrictamente fitosanitarias en solo dos zonas, las cotas bajas y las medias. En las altas se propone un sistema rotatorio entre el picado y la recogida. Un informe del Servicio de Sanidad Vegetal emitido el pasado 8 de septiembre indicaba que se trata «de una técnica eficaz para solucionar las fisiopatías relacionadas con la anoxia y las malas hierbas». Citaba también esa alternativa para acabar con «enfermedades, de insectos y nematodos en el cultivo, así como para hacer frente a la falta de disponibilidad de productos fitosanitarios». «Es una herramienta para reducir la dependencia y el consumo de plaguicidas impulsada por la Directiva 128/2009 sobre el uso sostenible de estos productos», se razonaba en la orden publicada por este periódico hace semanas.

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