PP y Vox enmiendan la política lingüística del Botànic en la ley de acompañamiento

No solo de deducciones y bajadas de impuestos se conforma la llamada ley de acompañamiento y menos cuando hay un cambio de gobierno de por medio. El cajón de sastre normativo que supone la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administración y Financiera, de Organización de la Generalitat ha servido este año para que el nuevo Consell de PP y Vox proponga varios cambios legislativos en una amplitud de temas aunque, sobre todo, para enmendar por la vía rápida la política lingüística del anterior gobierno del Botànic.

Más allá de las relaciones con la Acadèmia Valenciana de la Llengua y la reformulación de los 'criteris d'ús' que promulgue próximamente el nuevo Ejecutivo autonómico, la primera ley de acompañamiento de PP y Vox apenas dos meses después de su llegada a la Generalitat ya evidencia un cambio de rumbo respecto a la política lingüística. Este se evidencia con la supresión de dos organismos creados por el anterior Consell (la Oficina de Derechos Lingüísticos y el Consell Social de les Llengües) y la modificación de la ley de Plurilingüismo.

Así, la 'Disposición derogatoria' del anteproyecto de ley incluye la eliminación de las normas que impulsaron y desarrollaron tanto a la Oficina de Derechos Lingüísticos, creada por la Conselleria de Educación en 2017 que entonces dirigía Vicent Marzà para "velar por el cumplimiento y la aplicación de la normativa legal sobre el uso de las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana, como al Consell Social de les Llengües, impulsado en 2018, un órgano de participación social sobre normalización lingüística.

Escola Valenciana: "eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos es gobernar solo para quien habla castellano"

Una vez se apruebe y entre en vigor esta ley de acompañamiento (el 1 de enero de 2024) estos dos organismos serán historia. La eliminación de la Oficina de Derechos Lingüísticos pilla con expedientes en marcha. Al respecto, según señala la norma impulsada por el Consell, todos aquellos procedimientos que se hubieran iniciado por la presentación de "quejas, sugerencias y consultas" antes de la entrada en vigor de la ley de acompañamiento "se tramitarán y se resolverán" como hasta ahora. Aquellos que se hubieran iniciado de oficio por el ente "quedarán archivados".

Cambio en plurilingüismo

A estas se añade la modificación incluida por la Conselleria de Educación sobre varios artículos de la ley de Plurilingüismo, uno de los buques insignia hasta ahora del Botànic en política lingüística. Estos cambios permitirán que, a partir del curso escolar 2024-2025 (es decir, el próximo) y en zonas de predominio lingüístico castellano, el valenciano deje de ser lengua vehicular obligatoria de asignaturas distintas a la materia lingüística. Es decir, en aquellos municipios castellanohablantes desaparecerá la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de los contenidos en la lengua cooficial.

El cambio es extensible a las etapas de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Como consecuencia, los centros ubicados en municipios de predominio lingüístico castellano podrán optar entre mantener la aplicación de sus proyectos lingüísticos vigentes en los mismos términos en que fueron aprobados, o, por el contrario, proponer la modificación de manera que en su plan de enseñanza y uso vehicular de las lenguas, una o varias de las áreas que se debían impartir en valenciano puedan impartirse en castellano, a propuesta del consejo escolar.

La ventaja para el Ejecutivo autonómico de introducir estos cambios a través de la ley de acompañamiento es que permite realizar varias modificaciones en diferentes normas y con un procedimiento bastante rápido. Todos estos cambios se solventan a la vez en una misma tramitación que, salvo sorpresa, saldrá adelante definitivamente en las Corts entre el 19 y el 21 de diciembre y podrá estar en vigor a principios de 2024.

Caza, incendios o incompatibilidades

Pero los cambios que trae la ley de acompañamiento van más allá de la política lingüística. Por ejemplo, el Consell modifica la ley de incompatibilidades de 2018. En concreto, añade un artículo 7 bis para permitir a los altos cargos no electos la docencia "siempre que no comprometa la imparcialidad y la independencia en su ejercicio, ni perjudique el interés público". Además, solo podrá tener "dedicación a tiempo parcial" y sus honorarios por esta función no podrán exceder el 30 % de la retribución que corresponda al alto cargo.

También propone modificaciones que amplían un año, hasta el 31 de diciembre de 2024, el plazo para que los ayuntamientos gasten el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios impulsado por la Generalitat; incluye entre las funciones de la Agencia Valenciana de Emergencias las labores de "prevención" de incendios, permite el uso del dogo argentino en caza mayor y sobre esta actividad cinegética especifica que en humedales "o a menos de cien metros de éstos queda prohibida disparar munición de plomo", aunque excluye de esta prohibición toda munición "de tipo bala de escopeta y/o rifle".