El Consell descarta crear un organismo de libertad lingüística como en Baleares

El Consell descarta crear una oficina de libertad lingüística como la que se ha anunciado por parte del Gobierno de las Islas Baleares con la popular Marga Prohens al frente. Ambas autonomías han formado ejecutivos de coalición que lidera el PP y complementa Vox y aunque en la valenciana sí se anunció que se suprimirá la Oficina de Derechos Lingüísticos creada en 2017, no se irá más allá como sí ocurrirá en el Gobierno balear, donde a partir de septiembre se sustituirá a la actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos por la oficina por la «garantía de la libertad lingüística».

Uno de los temas que más se subrayan de su pacto de investidura balear y que está contemplado en el documento con las medidas acordadas a llevar a cabo de la siguiente manera: «Eliminaremos la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que ha servido como instrumento de la exclusión del castellano y la imposición lingüística, y crearemos una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas», reza el pacto balear.

No ocurre lo mismo en la Comunitat Valenciana. Aquí, según fuentes de Educación, a preguntas de este diario, «la supresión de la oficina lingüística ya se ha anunciado en diversas ocasiones y no hay ninguna perspectiva de crear ningún organismo nuevo. La política lingüística debe desarrollarse desde la cordialidad y siempre en base a la legislación», señalaron ayer.

En el acuerdo programático de gobierno que firmaron el PP y Vox para el Consell de Mazón, la política lingüística se enmarcaba dentro del apartado «educación y lengua» y se precisaba que en esta legislatura se trabajaría para «sacar la ideología de las aulas» y garantizar la «libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas». Un objetivo que ha reiterado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en las últimas semanas y el propio president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que aseguró que «acabará con el procés a la valenciana» que denuncia que se ha producido en los colegios en la era del Botànic. Reiteró en varias ocasiones su compromiso «irrenunciable» de que haya «libertad educativa» y se saque «la ideología» de las aulas, e indicó que una de las primeras cosas que hay que hacer «con urgencia es acabar con la ‘Oficina de Policía Lingüística’ (como llama a la Oficina de Derechos Lingüísticos, órgano encargado de «garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía»), acabar con todo un ejército de asesores lingüísticos nombrados a dedo» y «reconstituir» la figura de los inspectores educativos.

Dirección General en Educación

Una de las diferencias del gobierno balear y valenciano al respecto de esta cuestión, es que mientras el Ejecutivo de Prohens no tiene una Dirección General de Política Lingüística, el Consell de la Generalitat Valenciana sí contempla un área de tercer rango para la cuestión. Concretamente, se ubica en la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística (dependiente de la Conselleria de Educación) que dirigirá Ignacio Martínez Arrué. Este departamento tenía con el Botànic un área propia y ahora se diluye con la de ordenación. El conseller José Antonio Rovira recupera a Martínez Arrúe, que ya fue subdirector de ordenación académica con María José Catalá.

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