El fin de la moratoria del plan del litoral evita urbanizar 5,4 millones de suelo

El Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral (Pativel) que protegía 7.560 hectáreas de suelo distribuidas en 74 municipios litorales entró en vigor el 12 de mayo de 2018, al día siguiente de su publicación en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El Pativel establecía una moratoria de cinco años. Se trata de un régimen transitorio para los planes urbanísticos aprobados antes de la entrada en vigor del plan de litoral que obligaba a los promotores a iniciar las obras en un plazo de cinco años. 

Un temporizador legal que finaliza el próximo viernes y que supone que los planes urbanísticos ya aprobados pero cuyas obras no se hayan iniciado, deben decaer y ya no podrán ejecutarse. El Pativel también prevé que el suelo donde estaban previstos estos planes urbanísticos caducados pase a ser suelo no urbanizable rural protegido. 

En esta situación aún se encontraban en 2022, como publicó Levante-EMV, los planes urbanísticos de Doña Blanca Golf de Torreblanca, el programa de actuación integrada (PAI) El Puig Nord SP3-SP4, el PAI del Brosquil y de la Bega de Cullera, el sector 6 de Tavernes de la Valldigna, el PAI de Rafalcaid II de Gandia y la urbanización prevista en Cala Mosca de Orihuela. Estos siete planes urbanísticos suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de unas 16.000 viviendas en primera línea de playa.

En este listado también estaba incluido el PAI de Sant Gregori Golf de Burriana, que prevé intervenir en 2,5 millones de metros cuadrados de suelo litoral para construir unas 6.000 viviendas y un campo de juego de 18 hoyos. En este caso el temporizador legal se puso en pausa al haber iniciado las obras del plan urbanístico de este municipio de la Plana Baixa. Aunque el PAI Sant Gregori ya ha recibido una primera prórroga de dos años. Las tareas de urbanización debían finalizar en el último trimestre de 2023, pero se podrán alargar hasta finales del 2025, tal como aprobó el pleno del Ayuntamiento de Burriana el pasado mes de enero, con los votos en contra de la oposición.

La desclasificación de los 5,4 millones de metros cuadrados de los planes urbanísticos caducados no se prevé pacífica. Y puede que en algún caso acabe en los tribunales. Aunque el plan del litoral está jurídicamente blindado con el aval del Tribunal Supremo. El Pativel fue anulado por una sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Una sentencia que no entró a valorar el contenido del Pativel como herramienta de protección del litoral, sino que se anuló porque el alto tribunal dio inicialmente la razón a una promotora de Torrevieja y consideró insuficientes o no acreditados el estudio económico-financiero de los costes de implementación del Pativel, el informe de evaluación del impacto por razón de género y en materia de infancia, adolescencia y familia; y que no se hubiera sometido «a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica» y que omitiera las «distintas alternativas posibles».

Argumentos que rechazó de plano el Tribunal Supremo, tras el recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat. Los magistrados del Alto Tribunal enmendaron la plana a los magistrados del TSJCV al señalar que la sentencia valenciana no había tenido en cuenta «la diferencia conceptual, importante, que existe entre ordenación territorial y ordenación urbanística y, como consecuencia de ello, se ha aplicado a un plan de ordenación territorial como el Pativel un régimen jurídico propio de un plan urbanístico».

Y señalaban los magistrados del Supremo que el Pativel es «un plan de ordenación territorial en el que se trazan las grandes líneas maestras, el marco general de referencia al que habrán de ajustarse en el futuro los planes urbanísticos de ámbito territorial inferior».

Uno de los puntos de fricción que provocaba el Pativel era precisamente las desclasificaciones de suelo. Para evitar una cascada de indemnizaciones, el Pativel incluyó la moratoria de cinco años para que los planes urbanísticos tramitados y aprobados pudieran desarrollarse. En este plazo de cinco años, que finaliza el próximo viernes, tiene prioridad el planeamiento municipal respecto del Pativel. Pero a partir del viernes, si queda demostrada la inactividad de las partes implicadas, «prevalece el interés general de preservación del suelo y por tanto el Pativel frente al planeamiento municipal». Y los suelos litorales volverán a estar protegidos. 

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