La Fiscalía Anticorrupción solicita veinticinco años de cárcel para el empresario del Camp de Morvedre, Vicente Huerta, por liderar el conocido como el "cártel del fuego", la "asociación de personas y empresas dedicadas a la navegación aérea y la extinción de incendios forestales que imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia, con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro". El cártel del fuego, que conformaban 14 empresas extendió sus tentáculos por la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía y otras comunidades autónomas. Junto a Huerta también están procesados otros 31 acusados, entre los que se encuentra el exconseller de Gobernación, Serafín Gallego a quien Huerta sobornó con regalos valorados en 167.177,02 euros, empresarios y funcionarios relacionados con la extinción de incendios de la Generalitat de Cataluña.
Esta asociación ilícita y clandestina se creó, según la Fiscalía Anticorrupción, el 20 de septiembre de 2001 en la localidad de Palma del Río, donde está ubicada la empresa Fumigación Aérea Andaluza SA (Faasa), junto a dos empresas más, en estos primeros momentos, a las que después se uniirían las otras diez. En esencia, las empresas pactaron "compartir la flota de aviones de extinción de incendios; repartirse geográficamente, y con un sistema rotatorio, los concursos, en los que elegían qué compañía podía presentarse o tenía “derecho” de comprar un nuevo avión para incrementar la flota de real uso común". El cártel también fijaba los criterios para elegir "qué empresas se presentaban en unión temporal de empresas (UTE) a los concursos y quien sería su gerente; además de fijar la contribución por parte de cada compañía al mantenimiento de gastos de la flota y de los aviones de reserva, o las compensaciones de gastos entre ellos por los anteriores motivos y por incidencias que surgieren al imponer sus actuaciones en contra del erario público". También fijaban topes salariales de los pilotos de aeronaves o tarifas por hora de vuelo". Estos pactos se extendían a los concursos de extinción aérea de incendios de España, Portugal e Italia.
La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito de acusación, que sólo dirige contra 17 personas, que "los empresarios acusados actuaban ante la administración en los procesos de contratación con una engañosa puesta en escena, que aparentaba libre concurrencia, mediante la cual obtenían la adjudicación contractual para quien se habían propuesto". De es manera, las distintas empresas se repartieron las "zonas de influencia y adjudicación para cada compañía: Avialsa tenía la preferencia en las comunidades de Valencia y Cataluña; Martínez Ridao o Grupo Ridao en las Islas Baleares, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Trabajos aéreos espejo Canarias y Andalucía; FAASA en Castilla León y Andalucía, y CEGISA en Portugal. Los pactos ilegales se extendieron hasta el año 2018, según la Fiscalía Anticorrupción.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputa al empresario de Sagunt, Vicente Huerta, los presuntos delitos continuados de alteración de los precios en concursos públicos ( 3 años), falsedad en documentos mercantiles (3 años) y públicos (3 años), cohecho (6 años), prevaricación (8 años de inhabilitación), malversación (6 años de cárcel), información privilegiada (multas) y asociación ilícita (4 años de cárcel).
