Según la campaña CIEs NO, el pasado 22 de junio, una pareja de acompañantes de la organización accedieron a Zapadores y, del modo habitual, pidieron visitar a internos. La policía aprobó los tres encuentros solicitados, pero en medio de ellos agentes entraron y les ordenaron salir de la sala de forma brusca. Los servicios jurídicos de la Campaña han denunciado estos hechos al juzgado de instrucción n.º 3 de València, en funciones de control jurisdiccional del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores. Remarcan que "la Policía Nacional está vulnerando el derecho a recibir visitas de los internos del CIE, respetando su privacidad, al espiar estas reuniones y expulsar a algunas personas que acuden a visitarles".
Durante la segunda entrevista, explica la campaña "el chico explicó su proceso migratorio y comenzó a contar, de forma emocionada, cómo había sido deportado su compañero a Marruecos esa misma madrugada. En ese momento, un agente, que había estado de forma permanente en la puerta de acceso, les indicó que su 'superior' había dado la 'instrucción' de que 'se habían finalizado las visitas'".
Como se impedía concluir esta visita y realizar el tercer encuentro autorizado -según explica la campaña- "las personas acompañantes se dirigieron a la salida del CIE, pero en la sala de acceso les estaban esperando la mayoría de los agentes de ese turno, incluido el jefe. Ese mando, delante de sus subordinados, comenzó a verter todo tipo de acusaciones contra las personas que entran el CIE a realizar acompañamientos". Según denuncia la organización "empezó acusando a quienes acompañan de 'calentar la cabeza a los internos' y afirmó que el agente que vigilaba la visita interrumpida había oído que las personas acompañantes le habían dicho al interno que 'la policía es racista'", denuncia CIEs NO.
Además denuncian que se lanzaron expresiones como “si les digo lo que pienso de las ONG, que únicamente quieren lograr el mayor número de internos”, “a ver si se piensan que los internos los quieren más a ustedes que a nosotros”, “desde aquí se les ayuda a los internos a todo lo que solicitan”. Uno de los policías presentes aseguró que un interno le había escupido en la cara hacía dos semanas, responsabilizando de las posibles agresiones de internos a quienes realizan acompañamientos. Las dos personas de la Campaña rechazaron las acusaciones, especialmente la versión de que durante la visita habían acusado a la policía de ser racista. A la vista de que no se podía aclarar la situación y reanudar las visitas, se marcharon del CIE.
"Motivos de seguridad"
Este incidente se suma a "las constantes vulneraciones de sus derechos que sufren las personas privadas de libertad en los CIE sin haber cometido ningún delito". Como remarca la campaña, estas personas solo son culpables de una infracción administrativa cometida en contra de su voluntad: no disponer de permiso de residencia. Los policías, justificándolo por “motivos de seguridad”, no permiten el cierre de la puerta de la sala de visitas, a pesar de que las personas acompañantes se lo han pedido reiteradamente asumiendo el supuesto riesgo.
Sin embargo, la justificación "se convierte en excusa" al negarse a alejarse de la puerta ejerciendo el control visual de la sala para garantizar la seguridad sin necesidad de escuchar las conversaciones. "Ni cierran ni se alejan de la puerta -esta misma semana un policía colocó su silla debajo del quicio- y, además, mantienen una actitud de escucha activa y, en muchas ocasiones, intimidante, mirando directamente a las personas reunidas", según denuncian los activistas.
Esta forma de proceder de la policía, según considera CIEs NO, infringe la ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (ley de Extranjería), y el real decreto 162/2014 que aprobó el reglamento de los CIE. Ambas normativas obligan a reconocer los derechos de las personas internadas a que “sea preservada su dignidad y su intimidad”, a “entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales” y a comunicarse con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, “derecho que sólo podrá restringirse en virtud de resolución judicial”.
Estos derechos ya fueron reconocidos -a instancias de la Campaña- en 2011 por el juzgado de control del CIE de Zapadores. En el auto de aquellas fechas, el juez destacó que las ONG que asisten a los internos “superan el mero concepto de visitas de apoyo” y son “quienes mejor pueden asistir, auxiliar, defender y articular la protección de los inmigrantes internados”; por tanto, solicitaba a la dirección del CIE que estableciera para las ONG un sistema de visitas y comunicación similar al de los abogados personales de los internos”, a quienes supuestamente se les garantiza la total reserva de la entrevista. Actualmente, en el CIE de Zapadores ni abogados/as ni acompañantes ni familiares pueden tener garantías de que sus conversaciones con los internos son privadas.
