La alianza entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y su homólogo andaluz, el popular Juanma Moreno Bonillo, para sellar una postura común de cara a la reforma del modelo de financiación ha dado un paso adelante esta mañana tras una reunión en Sevilla en la que ambos han acordado un documento de once puntos con el que esperan sentar las bases de un nuevo sistema de financiación autonómica. El objetivo común es un nuevo reparto de recursos que termine con la infrafinanciación que afecta a ambos territorios y para alcanzar este objetivo ambos territorios optan por un camino compartido. Tras una reunión de más de dos horas, Puig y Moreno Bonilla han comparecido en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, para dar a conocer el documento que tiene el plus añadido de estar suscrito por mandatarios de partidos políticos distintos. De hecho, durante la atención a los periodistas, ambos se han cuidado de no pisar charcos, en particular, evitar el choque con la comunidad de Madrid a cuenta de la política tributaria y han subrayado que el acuerdo entre ambos “no va en contra de nadie”.
El documento, que lleva por título Declaración institucional por un nuevo modelo de financiación autonómica, contiene algunas novedades como un pacto para reclamar mayor capacidad de las comunidades autónomas de régimen común para “decidir sobre el nivel de sus ingresos”, así como un acuerdo tácito para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez un mecanismo transitorio de compensación para las comunidades infrafinanciadas. Además, ambos coinciden en que el criterio de reparto territorial de recursos debe basarse en el concepto de población ajustada. En la línea de lo defendido por el Consell, la posición de ambas comunidades es que el nuevo modelo debe aportar más recursos a todas las comunidades (equidad vertical) y “corregir la inequidad horizontal” mediante un sistema que “tenga como criterio principal”, la población ajustada
Durante la comparecencia ante la prensa, Puig ha subrayado la “normalidad” de este “puente de diálogo” entre comunidades gobernadas por partidos distintos y ha hablado de “forjar una alianza de cooperación en aquello que nos une y nos urge, pensando en el bien general y sin establecer frentes, no queremos generar guerras estériles”. “Necesitamos suficiencia financiera para sostener el estado de bienestar y necesitamos equidad”, ha añadido. “Este un buen inicio y queremos continuar”, ha dicho.
Por su parte, Bonilla ha secundado en esta idea del diálogo y de la “normalidad” que supone la relación entre comunidades autónomas, aunque de signo político contrario. “Esta reunión es positiva para Andalucía y València y para el conjunto de España. “No se va contra nadie” ha defendido. Bonilla y Puig han admitido que la financiación es un problema complejo, pero han coincidido en que el objetivo es alcanzar un acuerdo lo más rápido posible”. “Hay que tapar nuestra hemorragia financiera”, ha apuntado Bonilla. “Esta situación no es sostenible”, ha apostillado Puig. El presidente andaluz ha confesado que espera que la cita provoque una “reacción” en el Gobierno. “Generamos sinergias para que se abra el debate”, ha añadido, al tiempo que ha pedido “repensar” la forma de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Puig: “No estoy por la subida de impuestos”
El apartado de tributos es uno de los más llamativos ya que el Consell y la Junta de Andalucía consideran que el nivel de ingresos de encuentra “limitada” porque carecen de capacidad normativa en la imposición directa y por la falta de capacidad de gestión en los grandes impuestos en los que participan. La voluntad es exigir al Gobierno mayor capacidad de decisión en los impuestos, es decir, aumentar la corresponsabilidad fiscal, algo que el Ejecutivo de Ximo Puig lleva reclamando desde hace tiempo. La cuestión es para qué se quiere mayor capacidad fiscal, si para subir o para bajar impuestos. En todo caso, Puig dejó claro que en estos momentos no está por la labor de subir impuestos y ha defendido que es compatible la corresponsabilidad fiscal con la armonización de la fiscalidad. Preguntado en concreto, sobre la fiscalidad verde o el impulso de la tasa turística tal como reclaman sus socios de Gobierno, Puig ha asegurado que lo que ahora se plantea el Gobierno “es la recuperación” económica.
Cabe apuntar que el acuerdo sobre este punto se produce en medio de la controversia por la apuesta decidida de la Comunidad de Madrid de bajar impuestos, un dinámica que arrastra a todo el PP y que el propio Moreno Bonilla hizo suya al llegar a la Junta. “No hay voluntad de subir impuestos”, aclaró también el dirigente andaluz. En el documento no hay mención alguna sobre armonización, ni mucho menos, sobre el dumping fiscal, un terreno pantanoso ya que ha generado un agrio enfrentamiento entre Ximo Puig y la dirigente madrileña Isabel Diaz Ayuso.
El acuerdo apunta también a un frente común entre la Comunitat Valenciana y Andalucía para solicitar la creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación prorrogable automáticamente hasta la entrada del nuevo sistema de financiación que “equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media nacional”. Andalucía y la Comunitat Valenciana están de acuerdo en que el actual sistema es discriminatorio, complejo y poco transparente y denuncian las diferencias de más de 30 puntos de financiación entre comunidades. El documento destaca que la insuficiencia financiera ha ahondado en el endeudamiento de ambas comunidades. Puig ha insistido que la deuda generada por la infrafinanciación debe ser asumida por el Estado.
La cumbre bilateral revestía un interés especial, precisamente porque significa una alianza entre dos gobiernos de signo político distinto (PSOE y PP) que permite superar la dinámica partidista y mandar un mensaje a navegantes. En el caso de Puig es una nueva vía para apretar al Gobierno de Pedro Sánchez para que acelere la reforma del modelo de financiación y, como mínimo, cumpla con el compromiso de presentar el esqueleto de la propuesta. Moreno Bonilla, que al igual que Puig, ha convertido la infrafinanciación en una de las banderas principales de su Gobierno pisa terreno en la acera popular donde Génova intenta guardar el equilibrio dado que otro de sus principales barones, el gallego Alberto Núñez Feijoo, tiene intereses distintos. La cita ha permitido también situar la reforma en la agenda política, aunque un efecto adverso y del que Presidencia huye es que la lucha partidista derive en una guerra territorial. Cabe recordar que ya se ha activado el eje de la España despoblada, que reúne a territorios, también de ambos signos políticos, que quieren diluir el peso de la población ajustada, para que ganen protagonismo otros como el de dispersión.
