Un trabajador inmigrante de 33 años y su familiares residentes en Gandia van a presentar una denuncia contra un empresario de esta ciudad después de que sufriera un grave accidente que ha revelado condiciones laborales de otros tiempos y un comportamiento que podría ser constitutivo de delito.

Según relataron ayer responsables de Comisiones Obreras y familiares del joven boliviano, Franns Rilles Melgar ha trabajado durante año y medio sin estar dado de alta laboral en una panificadora del polígono del Real de Gandia. En esa situación no estaba sólo él, sino varias personas más, todas extranjeras, que percibían, según lo relatado, un salario de 23 euros al día por jornadas ininterrumpidas de 12 horas.

El detonante de la denuncia ocurrió el pasado 28 de mayo cuando una máquina de amasar segó de cuajo el brazo izquierdo de Franns Rilles Melgar. Los responsables de la empresa, conscientes de que no estaba dado de alta en la Seguridad Social, lo subieron en un coche en dirección al hospital de Gandia, pero antes de llegar al centro "lo abandonaron". El herido, con riesgo de sufrir una hemorragia de graves consecuencias, encontró a un viandante que lo acompañó hasta el servicio de urgencias, en donde, según han explicado sus familiares, se le recomendó que ocultara que había sufrido un accidente laboral para no implicar a la empresa. El personal sanitario que lo atendió, al comprobar los titubeos del joven en su declaración, llamaron a la policía, que le sacó la verdad e incluso fue, por indicaciones médicas, a buscar el brazo, cortado por encima del codo, por si se podía reimplantar.

Al llegar a su lugar de trabajo, la policía vio que la máquina había sido limpiada y la masa, con los restos del brazo de Franns, lanzados a la basura. El miembro estaba tan destruido por la máquina que no fue posible su reimplante.

Del hospital de Gandia el herido fue llevado a la clínica Virgen del Consuelo de Valencia, en donde primero ingresó en Cuidados Intensivos y ahora se recupera en una habitación de planta.

La Fiscalía abre diligencias

La historia fue revelada ayer por la hermana del joven boliviano, Silvia, y por el sindicato CC OO, que anunció que, al margen del procedimiento abierto por la Fiscalía, se personará en la causa judicial. El empresario ya ha declarado ante la Guardia Civil por estos hechos.

Josep Antoni Carrascosa, secretario de CC OO de la Safor, señaló ayer que el comportamiento del empresario "nos remueve el estómago", y añadió que, por las declaraciones del trabajador herido, el empresario podría ser imputado por delitos contra los derechos de los trabajadores y por la omisión del deber de socorro.

Tras desear que el trabajador pueda recuperarse, Carrascosa señaló que el régimen laboral a la que estaban sometidos los operarios en esa empresa es "explotación pura y dura", y exigió al Gobierno más inspectores de trabajo para detectar estos casos. Sin estar legalizado, Franns Rilles Melgar trabajaba en esa factoría de pan desde octubre de 2007. CC OO asesorará gratuitamente a la familia en la denuncia que presentará contra el empresario.

El responsable lo niega todo salvo que estaban en situación ilegal

"Ni se abandonó al trabajador ni se pagaban 23 euros al día por jornadas de 12 horas. Pero es cierto que el hombre que perdió un brazo en la panificadora del Real de Gandia no estaba dado de alta en la seguridad social".

Así lo señaló ayer, en declaraciones a Levante-EMV, uno de los responsables de la empresa en la que ocurrió el accidente. El empresario señaló que uno de sus hijos acompañó esa noche al herido "hasta dentro del hospital" para que fuera atendido, y añadió que después limpiaron la máquina y el lugar del accidente y tiraron la masa con los restos del brazo a un contenedor de basura "porque era necesario seguir trabajando". En su opinión, quedaba claro que no era posible una operación para tratar de reimplantarle el miembro al joven "porque estaba molido" por la máquina de amasar.

Según su versión, el accidente se produjo porque el trabajador esa noche "iba borracho" y cayó dentro de la máquina "tras haber retirado el dispositivo de seguridad". "Toda la culpa fue suya", pero reconoció que, al no estar asegurado, "seré yo quien tendrá que cargar con todas las consecuencias".

Respecto a las acusaciones de que sus trabajadores sin contrato laboral cobraban 23 euros por jornadas de 12 horas diarias, el empresario aseveró que "esa es otra mentira que se está diciendo", y concluyó que les paga salarios que oscilan "entre los novecientos y los mil euros al mes". S. S. gandia