Pedro Sánchez está cada vez más acorralado políticamente por asuntos que afectan a su entorno familiar más directo, como son su mujer y su hermano, ambos imputados. En el caso de la mujer del presidente del Gobierno está investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. A la denuncia del sindicato Manos Limpias se ha sumado también la Universidad Complutense de Madrid que ha pedido al juez Peinado que investigue a Begoña Gómez por una posible apropiación indebida de un software propiedad de la Universidad y con el que se podría haber lucrado al patentarlo.
En cualquier país democrático una situación similar a la que se vive ahora mismo en La Moncloa sería suficiente para que el presidente del Gobierno presentara su dimisión y convocara elecciones. Pero ninguna de estas dos cosas va a ocurrir mientras sus socios de gobierno no le retiren su apoyo. Solo el PNV ha mostrado ciertas reticencias a la actuación de Begoña Gómez.
Conviene recordar que Pedro Sánchez ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy, tras conocerse la sentencia del caso Gürtel que condenaba al PP por financiación irregular. Fue la corrupción del PP quien le hizo ganar aquella moción de censura y ser presidente del Gobierno.
Sánchez no solo no dimite sino que culpa a la oposición, a los medios de comunicación y a los jueces de divulgar bulos, mentiras y estar al servicio de la ultraderecha. Lo que él ha denominado “máquina del fango”. Se ha inventado una campaña mediática y judicial contra su persona y lejos de dar explicaciones, que es lo que debería hacer, busca cargarse uno de los pilares fundamentales del estado de Derecho, como es la libertad de prensa e información, mediante un paquete de medidas de “regeneración democrática” que lo que único que persigue es premiar a los medios afines (100 millones de euros) y castigar al resto de medios, retirándoles la publicidad institucional, que es la principal fuente de financiación de muchos medios y obligándoles a comunicar el nombre de sus accionistas y cómo se financian, algo que es ilegal en las empresas privadas.
Además, Pedro Sánchez quiere presentar sus medidas de regeneración democrática justo en el momento en que su mujer y su hermano están imputados. No creo que sea la mejor forma de hablar de regeneración cuando dos miembros de la familia del presidente del Gobierno están siendo investigados por presuntos delitos.
La consideración de “pseudomedios” y “pseudoperiodistas” para calificar a aquellos profesionales y medios de comunicación, entre los que se encuentra El Confidencial, cuyas informaciones sobre Begoña Gómez no han sido desmentidas, y, por tanto, son veraces; de meter en el mismo saco a medios digitales, que sí que divulgan noticias falsas o bulos y para eso ya existe el Código Penal, sin necesidad de más medidas correctoras, con aquellos otros que publican informaciones veraces y contrastadas, que son la mayoría de la prensa de este país y de profesionales es pretender cargarse la libertad de información, con una nueva ley de Prensa, como hizo Manuel Fraga Iribarne en tiempos de la dictadura franquista.
Con el paquete de medidas de “regeneración democrática” que quiere impulsar el Gobierno, Sánchez quiere promover una nueva ley de Prensa, con censura incluida que castigue a los medios díscolos con el Gobierno, ahogándolos económicamente y premiando a aquellos otros dóciles con el poder.
