Un año después de que la profesora Esther Rodríguez Rodríguez denunciara que había sido víctima de una agresión física y verbal por parte de una alumna del centro IES Teror, donde sigue ejerciendo sus funciones como docente, la Justicia le ha dado la razón. El titular del juzgado de Menores Número Uno de Las Palmas, Francisco Luis Liñán, ha dictado una sentencia sin precedentes a nivel nacional al haber contemplado por primera vez como delito contra la autoridad el maltrato contra un docente.
La sentencia, emitida de acuerdo al artículo 550 del Código Penal, condena a la menor a un año de libertad vigilada, así como la obligatoriedad de someterse a tratamiento psiquiátrico. También impone a los tutores legales de la joven, en este caso sus padres, una indemnización de casi 9.000 euros para la profesora agredida en concepto de los daños físicos y morales. Hay que aclarar que contra esta sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Fuentes jurídicas se refieren a la importancia de esta resolución novedosa en cuanto introduce la tipificación de delito en el caso de maltrato a un docente considerado una autoridad en el ejercicio de su profesión, puesto que hasta el momento todas las sentencias dictadas en el territorio nacional en este sentido castigaban a los autores de acuerdo a una falta.
Los hechos denunciados se remontan al 29 de octubre de 2008 cuando, sobre las 9.25 horas, Esther Rodríguez se tropezó en uno de los pasillos del centro con la alumna denunciada y de acuerdo a sus funciones de profesora de guardia la interrogó sobre el motivo por el que no se encontraba asistiendo a clase. Según la declaración de Rodríguez en el juicio, celebrado el pasado 10 de diciembre, "la vi venir por el pasillo con otra alumna", refiriéndose a la joven, "y les pregunté a ambas qué clase tenían a esa hora. La alumna que luego me pegó me contestó: "¡A ti qué coño te importa!" Cuando le recriminé su actuación empezó a dar gritos y siguió diciendo que ella hacia lo que le salía del coño". Acto seguido, le propinó un puñetazo en la cara que la tiró al suelo.
Reacciones sindicales
Los representantes sindicales de los docentes canarios coinciden en que la sentencia emitida por la Justicia canaria sea un instrumento "disuasorio para los futuros agresores". Los profesores consideran que el fallo supone un reconocimiento a la labor social que realizan.
Para Juan Manuel Rivero, secretario de Información de CC OO en la Enseñanza, el fallo supone, además, un respaldo de los jueces a la situación de conflictividad que a diario soportan numerosos enseñantes en las aulas del país. En la misma línea se manifiesta José Luis Rodríguez, portavoz de FETE-UGT, quien afirma que "seguro que los agresores se lo pensarán ahora dos veces".
Por su parte, Marcos Álamo, de UCPL, alega que "sentencias en las que el profesor agredido sea considerado autoridad pública contribuyen a prestigiar la función del educador".
En la Comunitat Valenciana, las últimas sentencias condenatorias tuvieron lugar el pasado mes de octubre sobre dos madres de alumnas. En el pirmero de los casos, los insultos hacia una profesora le costaron a una madre una multa de diez euros diarios durante un mes y el pago de las costas procesales. En su momento, una juez de Valencia dictó en septiembre una sentencia en la que condena a la mujer como autora de una "falta de ofensas leves a Agentes de la Autoridad", con lo que reconoce como tal a la maestra. Según esta sentencia, la condenada, dirigiéndose a la docente le espetó, textualmente, las soeces frases de: "La culpa la tenéis los maestros porque os pasáis el día con el chocho sentado" así como "me voy porque me sale del coño".
Otro ejemplo es una de las denuncias más llamativas y que fue realizada de forma conjunta por diez profesores de un colegio público de Valencia contra supuestos insultos y amenazas de una madre por medio de los correos electrónicos.
