Alzira prevé indemnizar a la empresa del Torrejó con una cifra «mucho menor»
El gobierno local augura un pago «muy inferior» a los dos millones que pide la constructora
Ya se busca alternativa para el parque de bomberos
El Ayuntamiento de Alzira da por hecho que deberá indemnizar a la empresa que se postuló al concurso público lanzado por el propio consistorio para desarrollar urbanísticamente la zona baja del Torrejó y que más de un año después no se ha resuelto todavía. Sin embargo, el equipo de gobierno minimiza el impacto que tendrá para la economía municipal al considerar que el pago que deberá realizar será «muy inferior» al que se demanda.
Como avanzó en exclusiva Levante-EMV, la sociedad Palinuro 2000 reclama alrededor de 2,3 millones de euros de indemnización al considerar que se deben satisfacer los proyectos realizados para presentarse a la licitación y esbozar el desarrollo urbanístico del Torrejó, así como la oportunidad de negocio perdida después de haberse demorado la resolución del procedimiento más allá de los plazos establecidos por la legalidad vigente.
Asesoramiento jurídico
«El procedimiento no se ha cerrado porque nos recomendaron la realización de nuevos informes, uno económico que acabamos de recibir y también uno jurídico, para poder resolverlo», explicó al respecto el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, al ser preguntado en el pleno por la problemática del Torrejó, y aclaró: «Estamos siendo asesorados por los servicios jurídicos».
Fue el propio Gomis quien, durante su intervención, estimó a la baja las pretensiones de Palinuro: «El licitador ha hecho una reclamación, pero nuestros asesores creen que se acabará pagando una cantidad muy inferior a la solicitada por la empresa», manifestó. La última palabra, no obstante, la tendrá la Justicia. Igualmente, el abono de una indemnización no resolverá por completo el conflicto urbanístico del Torrejó, judicializado durante décadas por las expropiaciones realizadas por el ayuntamiento en los noventa.
Sin alterar el Plan General
Precisamente, la no urbanización del Torrejó fue uno de los motivos que frenó el traslado del parque de bomberos junto al retén policial. Era uno de los anhelos del gobierno municipal que lideró durante dos legislaturas Diego Gómez: construir una amplia zona de emergencias. De hecho, el ayuntamiento llegó a ceder al consorcio provincial una parcela y, a finales de 2018, se anunció una inversión millonaria que permitiría inaugurar la nueva instalación en cinco años. Un lustro después, el lugar generaba suspicacias y la ausencia de desarrollo urbanístico dilapidaron el proyecto. Todo ello en un contexto marcado por la pandemia.
Ahora, el consistorio, los bomberos y el consorcio provincial estudian cuál debe ser el nuevo destino del parque, construido hace décadas en una zona inundable. Se busca un lugar que se «adapte a sus necesidades» y que, además, no suponga un nuevo embrollo administrativo. «El traslado debe realizarse a parcelas que ya estén previstas en el planteamiento urbanístico para no tener que plantear ninguna modificación del Plan General», aseveró Gomis sobre esta cuestión.
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