El informe que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, ha legado a su sucesor, Antonio Montabes, traza perfiles muy precisos sobre las causas que han sacudido la realidad autonómica. La memoria de la Fiscalía correspondiente a 2012 observa «falta de controles administrativos previos, relajación en las maneras y controles en contratos administrativos, proliferación de funcionarios eventuales o cargos de confianza con fidelidades personales o partidistas que facilitan la máxima discrecionalidad o arbitrariedad en actuaciones económicas administrativas o actuaciones que favorecen conductas desviadas». Ese es el diagnóstico de Cabedo, quien antes de apartarse del cargo por jubilación alerta también de que la «proliferación» de actividades presuntamente delictivas en las que intervienen cargos públicos o destacadas personalidades políticas se ha extendido al «mundo empresarial y al del negocio».
La tesis fue expuesta, que no defendida, por Montabes ayer en las Corts. El nuevo fiscal jefe evitó aludir a las reflexiones de su antecesor para centrarse en los datos, aunque se mostró preocupado por la corrupción y reclamó más controles administrativos para luchar contra ella ante los representantes de un parlamento que acoge a una decena de imputados. El informe de Cabedo subraya también algo obvio: las corruptelas políticas serían imposibles sin la connivencia del mundo económico. Montabes no debería bajar la guardia ante esa lacra.
