El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que ayer presentó en público los planes de saneamiento de la entidad y las necesidades de recapitalización, trató de echar un capote a los anteriores gestores en general, y a su predecesor, Rodrigo Rato, en particular, justificándolo en que tuvo que afrontar la gestión en una situación «muy convulsa y compleja». Sin embargo, la inyección definitiva de 23.465 millones de euros del erario público que va a requerir BFA/Bankia en forma de capital €no de préstamo como se había dicho en un principio€ requiere que se depuren responsabilidades, incluso judiciales, entre los gestores que han llevado a esta entidad financiera y a la mayoría de las cajas de ahorros a la grave situación económica en que se encuentran. La Fiscalía General del Estado ya ha dado el primer paso impulsando la investigación, al igual que las asociaciones de accionistas afectados e incluso el Banco de España a través del FROB en algunas entidades como CAM y posiblemente Bankia. Pero, además de estas vías, se debería explorar también las parlamentarias, por la deriva política que se produjo a la hora de nombrar consejeros y gestores de las entidades que, a la postre, son los que han conducido a las cajas por un camino ruinoso.
Por otra parte, al margen de las responsabilidades de los gestores, el Gobierno debería explicar de dónde va a sacar los 19.000 millones adicionales para capitalizar Bankia, ya que Goirigolzarri dejó bien claro ayer que no es un préstamo que haya que devolver, sino una inyección de capital que representa casi dos puntos del Producto Interior Bruto (PIB) español, en un momento de recortes y con un objetivo de déficit que cumplir a final de año del 5,3 %.
