El saqueo de la extinta empresa pública Emarsa alcanzó extremos inimaginables, de acuerdo con los detalles que se van conociendo conforme avanza la investigación judicial. La información que hoy desvela este diario sobre el alojamiento en hoteles de lujo de al menos ocho traductoras y empresarias rumanas, en palabras del hasta ahora principal imputado, el exgerente Esteban Cuesta, que se alojó con ellas en esos mismos establecimientos, arroja aún más luz sobre la alegría y descontrol con que se gastaban los fondos de esa compañía. El dato se suma a los ya conocidos sobre pagos de regalos, comidas y otros detalles sobre el elevado ritmo de vida que llevaban los directivos. Con todo, el grueso del escándalo reside en las millonarias cantidades abonadas a varias empresas por trabajos no realizados y en el hecho de que la Generalitat pagara a Emarsa el triple que a otras plantas valencianas por la depuración de las aguas.
Aunque no se puede olvidar que todos los partidos estaban representados en el consejo de administración que validaba los desmanes parece llegado el momento de que, por la parte que le toca, el PP emprenda una depuración de responsabilidades políticas de los antiguos gestores de la empresa, ya que hasta ahora se ha limitado a suspender provisionalmente de militancia al citado Esteban Cuesta. Al margen de las responsabilidades judiciales, lo que la investigación va revelando supera todos los límites de lo admisible en la gestión de fondos públicos.
