La ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos de salud han decidido recurrir de nuevo y en mayor medida a los medicamentos genéricos para intentar frenar el gasto farmacéutico, uno de los que atenazan el sistema público por su volumen económico y de gestión. Leire Pajín y los otros miembros del Consejo Interterritorial de Salud confían en ahorrar unos 2.400 millones de euros al año implicando a los médicos de atención primaria para que en sus recetas prescriban principios activos, y no medicamentos con marca. De este modo, en las farmacias, los usuarios recibirán el fármaco de menor precio.
Hay algunas otras medidas pactadas en el consejo, como revisar la lista de medicamentos que financia la Seguridad Social, pero ni una referencia a una de las expresiones que con mayor frecuencia se repiten en esta crisis del estado del bienestar: el copago, la posibilidad de incrementar la aportación económica de los usuarios en los medicamentos, del mismo modo que se plantea pagar por la asistencia al especialista o a las urgencias de un hospital, parece desterrada del lenguaje político en esta época previa a unas elecciones generales. En el momento en que un representante público pronuncia el vocablo caen sobre él incluso los de su mismo partido, para descartar su aplicación. Mientras, empresarios y economistas insisten en que la medida es necesaria. La ministra, por el contrario, asegura que hay margen para ahorrar en la factura farmacéutica con la prescripción de más genéricos. Una vieja receta que parece insuficiente para un reto tan grande.
