La Diputación de Valencia ultima la puesta en marcha de un plan para que los ayuntamientos incrementen su recaudación por el impuesto de bienes inmuebles sin tener que aumentar la presión fiscal. El presidente Alfonso Rus, a través de la empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa), ha desarrollado un estudio de todo el territorio de la provincia de Valencia a fin de poseer una radiografía exacta de su trama urbanística. Así, los alcaldes podrán cotejar con sus respectivos servicios técnicos qué construcciones no han sido declaradas y, por tanto, qué propietarios se están librando de la obligación de cotizar a las arcas locales por la vía contributiva. La institución provincial firmó hace unos meses un convenio con la oficina del catastro para que este organismo reconozca la validez jurídica del estudio topográfico que ha trazado Imelsa. De esta forma, los alcaldes y concejales de urbanismo se ahorrarán tiempo y dinero a la hora de regularizar la situación sin necesidad de pedir que se rectifique el catastro para que emerjan los edificios ilegales. Fuentes de la diputación indicaron que —a falta de perfilar el mecanismo exacto— lo que se pretende es que la regularización de las construcciones se establezca en el acto y evitar así un calvario innecesario: entre un año y dos cuesta poner al día el censo de construcciones de cada término municipal. La medida es barata, práctica y ayudará a que los consistorios, raquíticos de liquidez, alivien su economía.