Los tribunales volvieron a condicionar ayer la agenda política en la Comunitat Valenciana. Y por partida doble. Al previsto juicio contra el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, se sumó una resolución del juez que rechaza las peticiones de la defensa de Francisco Camps y convoca la vista previa para la apertura definitiva de juicio oral contra el presidente de la Generalitat. Ambos acontecimientos están vinculados con el caso Gürtel, que ha contaminado por completo la política valenciana desde que estalló hace poco más de dos años. Los tiempos judiciales han provocado que la precampaña electoral, y presumiblemente la misma campaña, queden marcadas por el paso por los juzgados de los máximos representantes de los dos principales partidos de la Comunitat Valenciana. Al margen del castigo que cada una de estas causas obtenga en las urnas, se trata de una situación poco edificante por las manchas que todos estos episodios dejan en una sociedad que ha acabado asociándose a los casos de corrupción más publicitados de los últimos años. Además, la actividad política está enfangada desde hace meses en una espiral de acusaciones y reproches cruzados que envilecen el debate público. Estar pendientes de las resoluciones judiciales no es la mejor tarjeta de presentación para aquellos que reclaman ahora la confianza de sus conciudadanos. Queda en manos de los propios partidos adoptar las medidas correctoras apropiadas. Aunque los indicios apuntan desgraciadamente en sentido contrario.
