La ruptura definitiva del proyecto del Banco Base deja a la Caja del Mediterráneo en una situación muy delicada, prácticamente al borde de la nacionalización si se cumple su anuncio de recurrir al Frob para recapitalizarse. La que hasta hace poco menos de un año era la cuarta caja de España está en vías de ser engullida por la confluencia de varios factores, no siendo el menor de ellos la gestión llevada a cabo por su máximos responsables, tanto en el proceso de fusión con las otras tres cajas de ahorros, como en la previa búsqueda de socios, o en la administración del gestión del negocio, sumamente deficiente a juzgar por la evolución de las cuentas en el último año.
No queda atrás la responsabilidad de los gobernantes autonómicos que se han encargado de elegir a esos gestores y que han demostrado una debilidad política extrema que les ha impedido maniobrar frente al rediseño del mapa financiero trazado desde el Banco de España, cuya actuación tampoco ha resultado, a la vista de los resultados, precisamente acertada. La cuestión es que entre todos han conducido a una encrucijada incomprensible a uno de los pilares de la economía autonómica, hija precisamente de sucesivas fusiones desde el año 1940. Sería hora también de que asumieran responsabilidades quienes han llevado a la caja a este trance. Un dilema que sólo parece conducir a su adjudicación a otra entidad —banco o caja— en cuyo seno la capacidad de influencia de los poderes locales —políticos, sociales y económicos— se diluirá, esta vez sí, por completo.
