Cuando la reordenación del mapa bancario español parecía ir cerrándose, la CAM y Cajastur han dejado al borde de la ruptura el SIP que acordaron el pasado mes de junio y que a pesar de los meses transcurridos no termina de consumarse mientras otros procesos similares como el encabezado por Caja Madrid y Bancaja ya han fraguado, pese a haberse iniciado más tarde. Las diferencias sobre la gestión o el reparto de poder y los personalismos que afloraron desde el primer momento entre los responsables de la entidad alicantina y la asturiana han terminado por estallar y poner en riesgo todo el proceso. Las prisas con las que se abordó la alianza —cuando la CAM buscaba a contrarreloj un socio acosada por el Banco de España y huyendo de una eventual fusión con Bancaja— parecen haber pasado factura a tenor de las quejas de Cajastur sobre el hecho de que las cuentas de Caja Mediterráneo no reflejaban la realidad que luego se ha desvelado. Aunque no conviene olvidar, en todo caso, que la caja del principado también tiene que afrontar la difícil digestión de la compra previa de Caja Castilla La Mancha. Pero junto con la responsabilidad de los directivos de ambas entidades, no debe dejarse de lado la correspondiente al supervisor bancario y a la Conselleria de Economía, a través del IVF, cuya actuación ha dejado bastante que desear por cuanto no parecen haber cumplido eficazmente con su papel fundamental de control y tutela. Ahora, la situación se antoja complicada: no quedan muchas parejas de baile a estas alturas de la reordenación bancaria y el recelo puede cerrar aún más la salida a los mercados en pos de financiación.
