Las conclusiones de un exhaustivo estudio realizado por los profesores Gonzalo Rivero y Pablo Fernández —colaboradores del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York— para la Fundación Alternativas —próxima al PSOE— y que rastrea los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007, son demoledores. Los valencianos no sólo no penalizan en las urnas a los partidos que llevan en sus candidaturas a alcaldes salpicados por casos de corrupción, sino que incluso castigan que se cambie al político bajo sospecha como cabeza de cartel. En algunos casos, la defenestración del alcalde supuestamente corrupto supone una pérdida de votos para el partido que lo aparta de hasta un 12%. «No existe evidencia de ningún tipo de castigo electoral a los partidos afectados por investigaciones judiciales», resaltan los politólogos en su trabajo. Además, la conclusión es idéntica sea cual sea la formación política salpicada por las irregularidades. Nada importa si el corrupto pertenece al PSOE, al PP u a otro partido político.
No hace falta añadir que el patrón de las localidades donde se concentra el mayor número de escándalos es muy concreto. Son municipios costeros, afectados por la expansión urbanística. Ni tampoco hará falta expresar el «pesimismo» que muestran los especialistas tras rastrear los resultados electorales.
La evidencia de constatar que la opinión pública es, en general, inmune a la corrupción pese a las denuncias constantes y la labor de fiscales y jueces exige un replanteamiento rotundo en el que se han de ver implicados los partidos políticos, que suelen mirar hacia otro lado cuando estos episodios los laceran. Nada hace pensar que el 22-M no ratifique de nuevo el estudio.
