La Conselleria de Educación aprobó a finales del año pasado varias modificaciones presupuestarias que se acaban de conocer, destinadas a mejorar la subvención a los centros privados concertados. Se trata de un paso más en la estrategia acentuada en los últimos tiempos por parte de la Generalitat de favorecer a estos centros en vez de fortalecer la red pública. La decisión más llamativa adoptada pocas semanas atrás fue la de ceder suelo público a empresarios para construir colegios concertados, en vez de encargarse la conselleria de construir los suyos. En esa misma línea, el Ayuntamiento de Valencia aprobó hace unos días una reforma urbanística para recalificar una parcela sobre la que está prevista un instituto público en Nou Campanar, para que la Universidad Católica pueda construir un hospital y una ampliación de su Facultad de Medicina. Además, el departamento que dirige Font de Mora no ha dado respuesta a las reiteradas denuncias de asociaciones de padres sobre el cobro de actividades extraescolares en determinados centros concertados como barrera para la matriculación de los alumnos menos favorecidos, en especial inmigrantes, que se concentran en los centros públicos.
Este reajuste presupuestario adquiere mayor significado cuando se hace a costa de recortar en las ayudas al valenciano y en algunas partidas de las universidades públicas. Una muestra clara de las verdaderas prioridades de la política educativa del Consell.
