No erremos el tiro. Los únicos responsables del cierre de las emisiones de TV3 en tierras valencianas son la Generalitat y el PP. Argumentar que si el Gobierno hubiera concedido un tercer múltiplex de TDT a la Comunitat Valenciana se habría solucionado el conflicto es pecar de una notable ingenuidad. Peor todavía: es comprar el discurso absolutista del PP valenciano. El Consell podría perfectamente emitir TV 3 a través de las frecuencias que tiene ahora asignadas, después de llegar a un acuerdo de reciprocidad. Son varias las comunidades autónomas que han firmado acuerdos de este tipo, que consagra la ley del Audiovisual, y teniendo el mismo número de canales asignados que la Generalitat Valenciana. Hay espacio de sobra y muy pronto habrá mucho más porque la tecnología digital permitará comprimir aún más la señal.

¿Para qué, entonces, un nuevo mútiplex, cuando no se han cubierto los que hay? ¿Para conceder más canales a grupos mediáticos amigos que entienden la pluralidad como el espacio comprendido entre la derecha y la extrema derecha? ¿Para meter televisiones públicas como la murciana o la madrileña que intentan rivalizar (pobretas) en fanatismo manipulador con nuestra incomparable Canal 9? ¿Qué garantías hay de que el Consell cumplirá con su palabra? ¿Su proceder plural, riguroso y democrático? Recuerdo cómo a Francisco Camps se le llenaba la boca vendiendo la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua como la superación del conflicto lingüístico. Ahora, día sí y día también, el gobierno valenciano y el propio PP desprecian los dictámenes lingüísticos del ente normativo en cuanto ven la oportunidad de sacar tajada y desviar la atención de sus cuitas corruptas. Y TV 3 forma parte de ese argumentario del espantajo catalanista. Mientras tanto, la lengua propia cada vez se habla menos… La siguiente amenaza ya se cierne sobre las líneas en valenciano del sistema educativo.

Un profesor amigo cuenta que aún se indigna cuando ve sobre la mesa de su centro educativo las decenas de periódicos de signo conservador que compra todos los días la Generalitat. Algunos de ellos apenas se ven en los kioscos valencianos por su venta residual. Sin embargo, le resulta casi imposible leer las cabeceras más vendidas en la Comunitat Valenciana, que debería ser el criterio democrático para la adquisición de ejemplares. No es extraño, por tanto, que algunos periodistas de esos medios bendecidos por el poder y su publicidad me hayan confiado la inutilidad de intentar rectificar con datos oficiales una noticia falsa o manipulada. Tampoco lo es que las principales cajas antes valencianas actúen como extensiones del poder omnímodo del PP y presten dinero para la financiación de Intereconomía. Este grupo mediático de extrema derecha, recordemos, ya echó una manita a Fabra en un sórdido episodio poniendo a algunos de sus profesionales al servicio del muy ejemplar presidente de la Diputación de Castellón.

El Consell marca el paso. Ejerce el poder absoluto en un momento, además, en que la precariedad laboral, el cambio de modelo y la crisis económica han pauperizado la profesión de periodista. Todo ello se traduce en una política comunicativa que sólo permite los autos de fe o las ejecuciones mediáticas. Tal como sucedía en el período absolutista. Entonces, la plaza dejó de ser el centro del debate público, la heredera del ágora griega y del foro romano, para convertirse en el lugar en el que el público asiste como mero espectador a montajes fastuosos en honor del soberano, autos de fe y ejecuciones mediáticas del enemigo.