La aceleración del proceso judicial contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, parece haber desatado los nervios en el seno del PP valenciano, algunos de cuyos máximos representantes han lanzado este fin de semana ataques descalificadores no sólo contra la Fiscalía, sino contra la propia independencia de los jueces. La más agresiva ha sido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha llegado a cuestionar incluso que los jueces puedan tener su propia ideología y que ello influya en su tarea jurisdiccional. Olvidan ella, Esteban González Pons y Vicente Rambla, entre otros, que la labor de instrucción del juez José Flors ha sido reiteradamente avalada por los órganos judiciales superiores, e incluso por el Tribunal Supremo, que, por el contrario, propinó un serio correctivo al expresidente del TSJ Juan Luis de la Rúa cuando intentó archivar el caso. El propio vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, estrechamente vinculado al PP valenciano y al propio Camps, ha calificado de impecable el proceso de instrucción sumarial. Llama, además, poderosamente la atención el hecho de que cuando las resoluciones judiciales son favorables a los intereses de sus correligionarios, quienes ahora braman contra jueces y fiscales pidan respeto a esas decisiones aludiendo precisamente a la independencia que ahora, cuando se ven afectados negativamente, cuestionan. No parece que poner en tela de juicio uno de los pilares del Estado de Derecho sea la mejor forma de defender sus intereses. Por el contrario, representa una de las peores formas de ejercer la política, tal como se ve también a diario en la Italia de Berlusconi.
