El problema de la convivencia en las instituciones escolares representa, sin duda, una de las manifestaciones más crudas de las disfunciones de los sistemas escolares. Aunque no sólo. Ahora bien, los conflictos sociales (incluidos los educativos) suelen rodearse de construcciones mentales que no permiten ver con facilidad qué está ocurriendo en los centros y fuera de ellos.

¿Lo ve el conseller cuando cree que con aprobar una «ley para devolver la autoridad a los profesores» se soluciona el problema? Bienvenida sea toda medida que ayude siquiera tímidamente a reforzar la consideración social y política de la educación y del profesorado como su principal valedor.

Pero lo que resultaría indignante es que la ley sirva exclusivamente como cortina de humo para tapar las vergüenzas de quienes dirigen la educación valenciana. Porque los profesores necesitan para recuperar su autoridad social, además de una ley, disponer de medios, infraestructuras dignas, espacios adecuados, inversiones para hacer bien su trabajo, buena formación, acuerdos y consensos, condiciones que eliminen la provisionalidad de sus puestos, rápidas sustituciones a sus bajas y, sobre todo, ser escuchados cuando manifiestan sus posiciones. Porque la mejor prueba de reconocimiento social es tener libertad de expresión, capacidad de crítica y autocrítica, y un jefe que sepa dialogar y tener la puerta de su despacho abierta para atender los problemas que se acumulan en los centros educativos de nuestra Comunidad.

Y la primera pregunta es: ¿está en disposición de firmar una ley para «exigir» reconocimiento de autoridad a los profesores cuando él es el primero en faltarles continuamente al respecto?

Mientras con una mano anuncia la ley, con el guante de hierro elimina las subvenciones al STE, atacando la libertad y representación sindical; pretende modificar el Consejo Escolar para que sea «a imagen y semejanza» del gobierno Camps, o sanciona a un director no por la acción de su decisión, sino por omisión. Barbaridades que se suman a aquel sonado disparate pedagógico de la EPC en inglés, o no firmar el convenio 2.0, o las órdenes a los inspectores para que supervisen la religión en la enseñanza y hagan de comisarios políticos, o reducir los presupuestos en un –35%, o dejar que languidezcan algunas áreas tan importantes como la FPA o la Especial. ¿Se ha planteado el conseller cuántos profesores desearían poner su foto boca abajo como protesta por su gestión caciquil y mediocre en la educación valenciana?

Supongo que así es como entiende Font de Mora la autoridad y el respeto: «estás conmigo o contra mí». El conseller no busca que se le respete ni disponer de una autoridad moral, sino que se le tema, a base de sanciones y decreto. Nada más lejos de la pedagogía y del papel sociomoral que desempeña un profesor.

Diputada en las Corts por el PSPv-PSOE