Con la legislación actual que regula la composición del Consejo Escolar Valenciano, Doña Concha Gómez Ocaña, Secretaria Autonómica de Educación, designa a ocho de sus sesenta y ocho miembros, y con la propuesta de reforma que ella misma propugna, designará a veintidós de sesenta, ¡a ventidós!, más uno que lo hace el de Sanidad, otro el de Bienestar Social y la Presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua, total veinticinco designados por el político de turno. ¿Qué adjetivo calificativo hemos de predicarle cuando afirma que modifica la composición del Consejo porque quieren "abrir el Consell escolar a la sociedad, porque, de este modo, conseguimos redoblar su presencia social"? (Levante El Mercantil Valenciano, martes 23 febrero 2010 "Opinión y participación") ¿Qué código moral permite a una persona decir lo contrario de lo que hace?

Querían suprimir el Consejo Escolar y así lo plantearon. No sabían que el Consejo existía, no por voluntad de un gobierno socialista como pensaban, sino porque obliga la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Bueno, bien, pues cambiemos su composición, se dijeron, y que el profesorado, los padres y las madres y el alumnado queden reducidos al mínimo. Y volvieron a darse de bruces con la ley que obliga a que estos sean, al menos, el veinte por ciento del total. Ya está, dejémosles en el veinte por ciento justo y del resto, la mayoría la designamos nosotros.

Doña Concha es profesora de la Universidad de Valencia y nos preguntamos cómo podrá explicar a sus colegas de Teoría de la Educación su afirmación de que la reforma que propone "trata escrupulosamente de reflejar la representatividad proporcional de los diferentes sectores". Ella sabe que académicamente en educación sólo hay cuatro sectores: padres y madres, alumnado, profesorado y administración/patronal. Y estos no han cambiado. Todo lo demás son colectivos, organismos administrativos, instituciones públicas o privadas, fundaciones con presidencias políticas, etc. Y ella sabe que un Consejo Escolar es un órgano de participación ciudadana, no de representación de la administración. Lo sabe.

Entenderíamos que como teórica de la educación manifestase estar obligada conceptualmente a reivindicar que entren en el Consejo los movimientos sociales que atienden la inmigración, la igualdad de género, la integración de discapacitados, pero ¿qué entren las instituciones políticas con designación del político de turno? Que entre la sociedad, sí, que se designe a dedo a sus amigos para que voten, simplemente para que voten, no. ¿Esa pretensión no es una desvergüenza? Por cierto, desconoce que las reflexiones que esos colectivos pueden presentar ya están presentes en el Consejo, no en vano las organizaciones sindicales tienen fundaciones que atienden y ayudan a la población inmigrante, tienen secretarías que luchan por la igualdad de género, desarrollan políticas que tienen la salud y el medio ambiente como objetivos prioritarios.

No hay postura más sesgada que aquella que quiere ocultar bajo el manto de palabras grandilocuentes la designación directa de sus conmilitones. Dijeron que querían que estuviesen los directores, y dijimos que sí, pero elegidos por y entre ellos. Y la Secretaria Autonómica por voz delegada nos dijo que qué nos habíamos creído. Designación directa, pues solo faltaba que hubiese mecanismos democráticos para su representación. Y así con los inspectores, con la representación del discapacitado, etc.

Puede poner el titular de "Por un Consell Escolar social y participativo", puede decir que el Consejo Escolar "se va a abrir a nuevas voces", puede decir lo que quiera, pues ella realmente habla a través del texto del proyecto de ley y en él nos dice que las voces las elige ella para que digan lo que ella (la voz política de la administración) quiere que se oiga. Es curioso cómo se puede degradar la acción de gobierno de un partido popular valenciano tocado por todos los males hasta tal punto que uno añore ser gobernado por ese partido, pero de otro territorio. Yendo tan lejos como a Castilla León, la administración del Partido Popular sólo designa para el Consejo Escolar a seis de la administración y a seis de reconocido prestigio.

Dice que "algunos temen perder protagonismo" –¡si nadie conoce a los consejeros y consejeras ni reconoce el trabajo intenso de algunos de sus miembros!- que hay una "visión parcial, interesada y totalmente alejada del objetivo común" – ¿qué imperativo moral le lleva a ocultar lo que sabe, que el Consejo ha aprobado importantes dictámenes e informes por consenso?- que apuesta "por dinamizar el funcionamiento del Consell Escolar" – no es verdad y ella sabe por qué lo decimos-

Todos hemos de estar a la altura de los nuevos retos, dice, pero para estar a la altura mínima necesaria se necesita ser moralmente honesto, intelectualmente riguroso, políticamente desinteresado, consciente de que el esfuerzo no va a ser recompensado y perseguir el bien común. Que cada lector concluya el juicio que ha de obtener de la lectura del proyecto de ley y de lo que en este artículo se dice. El engaño en algunas personas es un arte, pero no por eso deja de ser moralmente condenable.