La empresa LafargeHolcim sigue defendiendo que "en todo momento" ha respetado "de modo escrupuloso toda la normativa" que marca la explotación de la cantera del Salt del Llop en Sagunt. Por ello, ha remarcado que la providencia del Tribunal Supremo del pasado 3 de junio de 2021 "no es firme" y que la justicia todavía no ha dado su última palabra sobre el expediente de legalidad urbanística que el Ayuntamiento de Sagunt abrió en 2016 a la cementera al entender que la firma había cometido una infracción, al superar el perímetro autorizado.
"La sentencia que desestima el Recurso de Apelación formulado por la compañía no es firme dado que, en estos momentos, está pendiente de resolver un recurso de casación autonómico interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que fue presentado el 17 de diciembre de 2020, junto con el recurso de casación estatal inadmitido", asegura la multinacional en un comunicado, rechazando así lo afirmado el pasado viernes por el edil de Urbanismo y exalcalde de Sagunt, Quico Fernández (Compromís), quien dio por hecho la firmeza del pronunciamiento del Supremo y que Lafarge se enfrentaba ya al pago de 9,3 millones de euros para restaurar la legalidad.
La empresa insiste en que "nunca ha realizado labores extractivas fuera del perímetro de su licencia municipal". "De haberlo hecho, tal y como señalan los Informes de los Técnicos Municipales, estos mojones físicos ya no estarían en el mismo sitio y lugar en el que fueron colocados en el año 1989 para delimitar el perímetro autorizado por la licencia municipal otorgada. Es decir, esta limitación señalada por hitos y mojones no se ha movido del terreno desde ese año, ni la actividad de la cantera la ha rebasado, ésta es una realidad palmaria e incontestable", asegura con el mismo argumento que viene sosteniendo desde el principio, decía además de considerar que el expediente administrativo municipal "se apoyó en Informes de sus Técnicos municipales que no tuvieron en cuenta las reclamaciones formuladas por la compañía sobre la planimetría que resultaba del Plan General de Ordenación Urbana de Sagunt" .
Así, además de asegurar que "todas estas certezas animan a LafargeHolcim a continuar, si cabe con más ahínco, en la defensa de sus derechos e intereses, tanto ante las instancias municipales como ante los Tribunales", considera que todo esto es fruto de una acción política del anterior gobierno local liderado por Compromís.
En concreto, lo achaca a "unos hechos utilizados de manera interesada por el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto para instruir un expediente de restauración de la legalidad urbanística sobre unas superficies concretas y delimitados en la cantera de Salt del Llop, que, sin embargo y a pesar de los esfuerzos municipales, se encuentran amparadas tanto por los permisos y autorizaciones otorgados por la administración autonómica como por los otorgados en su día por la propia administración municipal que habilitan a esta compañía para la extracción de áridos sobre la mismas".
De este modo, según la compañía, habrá que esperar al recurso de casación autonómico para determinar si el ayuntamiento puede sancionarle o no.
