El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la orden creada por el Consell del PP para calcular el impuesto de transmisiones sin la comprobación real del valor del inmueble. El sistema fue aplicado a 54.854 valencianos que adquirieron su vivienda en los últimos tres años. La decisión del tribunal abre la vía para que los afectados puedan recuperar 126 millones del impuesto de transmisiones. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) advirtió ayer de que la sentencia «supone un gran avance y una medida muy justa ya que en la mayor parte de los casos el resultado que arrojaba la aplicación de la orden superaba con creces el valor real».
El TSJ se ha pronunciado en un caso afectado por la orden de 2014, aunque la dinámica de la norma anulada es idéntica a la de 2013 y 2015. Francisco Serantes, delegado territorial de Aedaf en Valencia y Castelló, insistió ayer en la importancia del fallo porque directamente «declara nula y expulsa del ordenamiento jurídico la Orden 4/2014 que establece el cálculo de los valores catastrales». Serantes aseguró que con esta sentencia todos los afectados pueden recurrir porque la norma que les aplicaron ha quedado sin efecto, aunque subrayó que es importante que contacten ya con su abogado o asesor fiscal para evitar que prescriba.
El TSJ la ha anulado porque la Generalitat no comprobaba el valor real de los inmuebles y aplicaba un cálculo al alza. Uno de los afectados explicó que adquirió una vivienda en Gandia por 50.000 euros y Hacienda se la valoró en 90.000 euros. Fuentes bancarias aseguraron que en el caso de la ciudad de Valencia las diferencias son mucho más altas por la caída real del precio de la vivienda que Hacienda no tenía en cuenta.
Desde 2013 se han realizado 54.854 liquidaciones del impuesto de transmisiones. El valor de las liquidaciones cuestionadas en los tribunales es de 68.103.765 euros. Además, hay otro volumen importante de ciudadanos que ya han discrepado administrativamente de la valoración que les ha hecho la conselleria, aunque todavía no han recurrido en el juzgado. El volumen total de fondos que ya está en disputa entre los ciudadanos y la Administración es de 72 millones.
36.262 afectados más
Al margen de las liquidaciones en litigio, en los últimos años se han realizado otras 36.262 que fueron asumidas por los ciudadanos por un importe total de 54.686.360 euros. Según los asesores fiscales, la decisión del TSJ abre ahora la puerta también a estos afectados lo que eleva el conflicto a 126 millones de euros.
La sentencia que acaba de dictar la sala de lo Contencioso del TSJ insta al Consell a individualizar las valoraciones inmobiliarias atendiendo «al estado real del inmueble, a sus circunstancias físicas, a su conservación, a su antigüedad» y a los demás condicionantes de su precio y «no limitarse a aplicar unos coeficientes genéricos, válidos para cualquier inmueble situado en un mismo término municipal». La Generalitat Valenciana asegura que a partir de ahora va a asumir las tasaciones hipotecarias que avalen los bancos.
