El momento de incertidumbre jurídica que vive el sector del transporte privado en vehículos de alquiler con conductor, con el taxi en pie de guerra contra nuevos fenómenos que le hacen la competencia tipo Uber o Cabify, tiene su correlato en la C. Valenciana.
La Generalitat lleva más de una década denegando por sistema nuevas licencias VTC, las que necesitan las empresas de alquiler de coches con chófer, como las que mueven pasajeros del aeropuerto a la ciudad. En 2002, la Dirección General de Transporte del Consell aplicó una política restrictiva limitando la concesión de autorizaciones VTC que se daban.
Según explican desde la actual Conselleria de Transporte, las licencias se denegaron en la C. Valenciana incluso después de la entrada en vigor en 2009 de la ley estatal Ómnibus, con Zapatero, que en la práctica liberalizaba el sector. Se antepuso la resolución autonómica de 2002 a la ley estatal.
A partir de 2013, un cambio legal del Gobierno de Rajoy volvía a restringir la concesión de licencias VTC, algo que ya se venía haciendo en Valencia. La intención del gobierno, proteccionista con el taxi, es que no se sobrepase la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis.
En estos momentos, en la provincia de Valencia la proporción se cumple. Según datos de Fomento, existen 3.073 visados de transporte por carretera para el taxi frente a 100 licencias de alquiler con conductor VTC. Sin embargo, según apuntan fuentes jurídicas, en Valencia hay entre 700 y 800 licencias pedidas y bloqueadas en procesos judiciales y administrativos. Tal como publicó el BOE el pasado lunes, seis de estas empresas y particulares tienen recurrida la denegación por la vía contencioso-administrativo de 385 autorizaciones para operar en la C. Valenciana.
Se trata de peticiones realizadas entre 2009 y 2013, durante los años en que la ley era más laxa pero la conselleria seguía denegando licencias por sistema, explican desde la Generalitat. Y añaden que, mientras no haya novedad desde Madrid, van a continuar aplicando esas restricciones.
Con todo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de exigir al Ministerio que elimine algunas restricciones de la ley, como la prohibición de circular por las vías «en busca de clientes».
La polémica llega con el sector en plena efervescencia tecnológica. Con iniciativas como Cabify, que ya opera con licencias VTC. O Uber, que prepara su regreso a España tras la suspensión en 2014 por la prohibición de un juez. Ahora quieren hacerlo a través de acuerdos con compañías con licencias de vehículos VTC, pero tienen la ley en contra.