Pertenecía al comité de dirección desde 1998, accedió al cargo de directora general adjunta en 2001 y desde diciembre de 2010 hasta junio de 2011 fue la directora general. Sin embargo, María Dolores Amorós aseguró ayer, en la comisión parlamentaria que investiga lo ocurrido en la CAM, que nunca tuvo "nada que ver con la contabilidad de la caja" ni con el control de riesgos de la entidad; que de las polémicas inversiones inmobiliarias sólo sabía lo que ponía en los informes, donde nada se decía de que tuvieran pérdidas; y que se llevó una "sorpresa" cuando el Bando de España rechazó la aprobación del plan de viabilidad y forzó la intervención de la entidad.

Amorós fue la única de los tres directivos que ayer acudieron a las Corts que aceptó responder las preguntas de los parlamentarios pero sólo lo hizo para eludir cualquier responsabilidad en la situación de la CAM y repartir las culpas entre su predecesor, sus subordinados, los socios del SIP, el expresidente Modesto Crespo, el Banco de España y el propio Gobierno. Tanto se empeñó en echar balones fuera que el portavoz socialista, Ángel Luna, tuvo que preguntarle "¿en basé a qué cobraba, entonces, los más de 590.000 euros de su sueldo como directora general".

En su intervención inicial, María Dolores Amorós se encargó de destacar que durante su época de directora general adjunta sus responsabilidades fueron primero la gestión de los recursos humanos, la informática y el resto de medios de la CAM, y más adelante el diseño de las estrategias de márketing y comerciales. "Nunca tuve nada que ver con la gestión de riesgos, la liquidez ni con la contabilidad de la caja", señaló. Posteriormente, añadió, cuando accedió al cargo de directora general en diciembre de 2010 todas las competencias se habían delegado en Banco Base, la entidad central que debía gestionar la fusión.

Cuando esta integración se rompió, siempre según su relato, centró sus "esfuerzos" en redactar el plan de recapitalización que le exigía el Banco de España y en proporcionar la "ingente documentación" que le demandaba el supervisor y "los potenciales socios". Por eso calificó de "sorpresiva" la comunicación del Banco de España del 21 de julio de 2011 en la que "por primera vez se informaba" de que ya no se consideraba viable a la entidad y se les daba un plazo de diez días para evitar la intervención. "Sólo diez días antes el FROB había comunicado que mantenía su apoyo financiero", afirmó.

Alternativas a la intervención

A su juicio, se podrían haber adoptado otras soluciones que hubieran tenido "menos efectos negativos para la economía española y su percepción en Europa" y también criticó que "quien pudo evitar que el SIP se rompiera -en referencia al Banco de España- no hizo nada para impedirlo". En este sentido, negó que la ruptura de la fusión se debiera a las "dudas" de los socios sobre la información facilitada por CAM o a la reclasificación de miles de créditos a la que obligó el supervisor tras unas inspección en diciembre de 2010. Por el contrario, lo atribuyó en exclusiva al cambio de normativa que elevó las exigencias de capital y que iba a provocar que el FROB ostentase la mayoría en el accionariado, algo que rechazaron el resto de socios.

En este sentido y en referencia también a las acusaciones de que maquilló las cuentas de 2010 -tal y como afirma la sentencia de su despido-, aseguró que "sostener que CAM manipuló y falseó los resultados en una situación de permanente fiscalización externa (...) resulta a todas luces inverosímil". Además, reiteró -igual que defendió ante el tribunal- que las pérdidas afloradas por el FROB se debieron a una "aplicación más estricta" de criterios contables que "son interpretables".

En cuanto a su salario de 594.000 euros anuales, señaló que éste había sido fijado por el consejo de administración y la comisión de retribuciones sin que ella tuviera conocimiento y que era el mismo que el de su antecesor. Y sobre el acuerdo con Crespo que le permitiría cobrar una pensión vitalicia de 369.000 euros al año, señaló que en realidad dicho documento suponía "una renuncia a derechos que tenía acumulados".