La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que la reciente reforma de la pensiones aprobada en España por el Gobierno tras alcanzar un acuerdo con los agentes sociales mejorará "significativamente" la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema. Este organismo estima que, los cambios normativos permitirán al Estado, reducir el gasto a largo plazo en el equivalente al 3,5% del Producto Interior Bruto.
Sin embargo ese ahorro y la garantía de que las pensiones seguirán existiendo tendrán un coste para los futuros pensionistas. Según las estimaciones de la OCDE la tasa neta de reemplazo (el porcentaje que se percibirá de pensión sobre el salario que se tenía) de un empleado que entre en el mercado de trabajo en 2008 bajará del 84,9% al 78,3%. Es decir, el futuro jubilado perderá al 6,6% de su retribución en comparación con un pensionista previo a la aplicación de la reforma. Se trata, según la OCDE, de una tasa muy superior a la de la media de los 34 países adscritos al organismo, que se sitúa en el 57,3%.
La OCDE resalta que la reforma refuerza la relación entre cotizaciones y prestaciones. El período de cotización necesario para recibir el 100% de la pensión aumentará de 35 a 37 años para las personas de 67 años y a 38,5 años a los 65 años. El cambio "afectará más a los trabajadores con carreras interrumpidas", dice la OCDE. Pero el organismo que aglutina a los 34 países más desarrollados sostiene que las reglas son todavía más estrictas en Estados como Francia (que está ampliando a 42 años de cotización), Italia o Luxemburgo (40 años). En Alemania se necesitan 45 años cotizados para jubilarse con la pensión completa a los 65 años.
En el caso español, la OCDE pone el acento también en los índices de pobreza de los jubilados. Según afirma, en el año 2000 el 23% de los mayores de 65 años eran considerados pobres. La media de pobreza de la OCDE era del 14%. Sin embargo señala que los aumentos progresivos de las pensiones mínimas en los últimos años ha reducido ese porcentaje y que la cultura de la propiedad en la vivienda ha permitido a muchos jubilados con la hipoteca barata ahorrarse cuotas de alquiler al contrario que en los países nórdicos o la Europa Continental. La tasa de pobreza con este factor corrector debería reducirse en un sexto.
La OCDE duda de otros países
Los retrasos en la edad de jubilación ya aplicados en varios países pueden no ser suficientes para cubrir el coste de las pensiones futuras, señaló la OCDE en un informe hecho público ayer que, sin embargo, no tiene en cuenta las reformas más recientes. En 2050 la edad media legal para tener derecho a cobrar una pensión alcanzará los 65 años, pero el incremento de la esperanza de vida será mayor que el retraso aplicado en la edad de jubilación, advierten los autores del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con el estudio, para que la edad real media de jubilación -inferior a la edad legal al menos hasta 2007, según la OCDE- evolucione al mismo ritmo que el incremento esperado de la esperanza de vida, aquélla debería situarse en torno a los 66,5 años para los hombres y casi en los 66 para las mujeres.
