La situación del Valencia entró ayer en un nuevo escenario. Una vuelta a un pasado reciente, pero con matices. La Generalitat Valenciana recuperó su condición de avalista del préstamo con el que la Fundación del Valencia CF adquirió, en 2009, la mayoría accionarial del club de Mestalla (72 por ciento). Es un respiro para el Valencia, pero no significa obligatoriamente un salto hacia adelante. Habrá que esperar y el tiempo de dilación puede ser de meses o años. Deberá celebrarse un nuevo juicio, esta vez con Bankia entre los actores participantes. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) estimó el recurso presentado por Bankia contra la sentencia que declaró nulo aquel aval. Una decisión judicial promovida por la demanda de dos accionistas, que se consideraron perjudicados por aquel respaldo institucional para que la Fundación pasara a ser propietaria del Valencia.

La actitud de Bankia, prestatario del crédito de 75 millones de euros (cifra que ahora asciende a 81 por el impago de los últimos intereses), en esta historia judicial ha resultado decisiva. En septiembre de este año, el TSJCV admitió a trámite el recurso que interpuso el banco contra la sentencia que anulaba el aval concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación. Según el TSJCV, la sala declara nulo el procedimiento porque el juzgado que anuló aquella garantía no emplazó a Bankia para que fuera parte del mismo desde el principio.

Los matices de la nueva situación jurídica son importantes. Pese a que el Consell recupera su condición de avalista, requisito indispensable para que el Valencia y la Fundación puedan refinanciar sus préstamos con la entidad bancaria (de 81 y 219 millones, respectivamente), se abre otro periodo de tiempo indefinido para avanzar realmente en el logro de una solución financiera a la situación del Valencia y de su propietario.

El TSJCV no resuelve el fondo del pleito, sino que devuelve el caso a la sala de lo Contencioso 3 y ordena retrotraer actuaciones al principio del procedimiento. Lo que quiere decir que el juicio deberá volverse a celebrar, esta vez con Bankia como parte de la causa. Hay que recordar que la admisión a trámite por parte del TSJCV de la sentencia que anulaba el aval, no conllevaba la suspensión cautelar de la decisión, por lo que hasta ahora la Generalitat no era avalista de la operación.

La sala ha considerado válida la legitimidad del banco para presentar recurso y considera que se le puede negar este derecho ante la posibilidad de que pueda ver comprometido su patrimonio.

Mientras, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), que representa a los socios denunciantes del aval, considera que la refinanciación del préstamo requiere un nuevo aval y la autorización de la Comisión Europea (CE) al suponer una ayuda pública, lo que «no beneficia al Valencia CF». Este colectivo considera que la estimación que se produjo ayer no contradice la sentencia de la jueza, sino que únicamente «incorpora a Bankia al proceso y que su efecto inmediato provoca la ejecución y la vuelta de la vigencia del aval al IVF».

« Teniendo en cuenta que las acciones del VCF redujeron su valor nominal en noviembre del 2012 a la mitad, la prenda de las mismas es garantía insuficiente para que tanto la CE considere que no es ese aval una ayuda pública, como para que el propio IVF pueda prestarlo sin mayores garantías que la prenda de acciones», señala en un comunicado Ausbanc.