El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el Consell, a través de su presidente, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, interpuso a finales de enero para exigir una mejor financiación para la Comunitat Valenciana, tal como han confirmado fuentes de la Generalitat.

"Cinco millones de valencianos se sienten discriminados por una ley que sitúa los servicios públicos en un espacio de discriminación entre unas comunidades autónomas y otras", denunció Puig tras entregar el documento en el alto tribunal.

Ahora, el Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones, según el texto de admisión a trámite facilitado por el Consell.

El recurso está dirigido a las transferencias a las Comunidades Autónomas previstas en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, en lo relativo a "Sistemas de financiación de entes territoriales", "Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado" y "Fondo de Suficiencia Global".

Fuentes de la Generalitat Valenciana han indicado hoy que la admisión a trámite es "un triunfo", dado que no es sencillo que este tribunal admita cuestiones relativas a presupuestos públicos.

El Consell considera que los Presupuestos del Estado para este año perjudican a la Comunidad Valenciana, puesto que la obliga a ingresar al Estado 1.329 millones al Fondo de Suficiencia Global, una obligación que es consecuencia de la Ley de Financiación Autonómica de 2009, en la que se introdujo una cláusula para que cada comunidad pudiera mantener sus recursos anteriores.

Por eso, el objetivo del recurso es "intentar rescatar parte de aquello que les pertenece" a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, tal como avanzó Puig al entregar el documento.

A su juicio, "no puede haber la situación de asimetría" entre territorios que existe en estos momentos por la prestación de "los mismos servicios públicos, que en algunos casos duplican y triplican la percepción de unos ingresos y otros".

El presidente recordó que el recurso surgió tras "agotar todas las vías de diálogo" con Rajoy y el Ministerio de Hacienda, y después de que no se aceptara la propuesta de reunir la Comisión Bilateral. Puig siempre confió en que el Constitucional aceptase el recurso para demostrar que el actual Fondo de Suficiencia Global "no desarrolla uno de sus objetivos, como es el equilibrio entre los ciudadanos".

El otro motivo en el que se apoyaba el recurso era que, durante los últimos tres años, "se había incumplido" la renovación del actual sistema de financiación autonómica, puesto que el Gobierno central, "de manera arbitraria", había renunciado a su renovación para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

"Es evidente que se exige un cambio del modelo de financiación y que con este modelo se podía actuar con equidad si se aplicara el Fondo de Suficiencia Global", argumentó el presidente del Consell al presentar el recurso.

La Ley de Presupuestos recurrida por la Generalitat Valenciana fija la vía principal de financiación de las comunidades de régimen común y los objetivos de estabilidad presupuestaria para el presente curso.

A juicio del Gobierno de coalición del PSPV y Compromís, las cuentas del Estado de 2016 someten a la Comunitat Valenciana a un proceso de infrafinanciación que agrava la situación que se mantiene desde 2002 y que ha generado una deuda histórica de 16.000 millones de euros, según sus cálculos.