La pieza separada del caso Imelsa para investigar la trama de blanqueo de dinero en el seno del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia terminará, con toda probabilidad, en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pues uno de los «investigados» por donar 1.000 euros al partido para luego recuperarlo presuntamente en billetes procedentes de comisiones ilegales es Miguel Domínguez, exconcejal del Ayuntamiento de Valencia y hoy diputado de las Corts Valencianes, es decir, aforado.
Ya en la ronda de declaraciones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Domínguez fue uno de los citados por este motivo, aunque inmediatamente se comprobó su condición de aforado y se le pidió que se marchara de la Comandancia de Patraix. Según dijo el propio Domínguez, fue un error, pero le advirtieron de que estuviera atento porque le llamarían en otro momento. De hecho, él mismo reconoció públicamente haber realizado donaciones al Partido Popular, lo mismo que hacía a otras organizaciones sociales, dijo.
Según algunas fuentes, ese momento puede producirse cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 18 termine la ronda de declaraciones de los 49 «investigados» en esta causa, cosa que ocurrirá el próximo lunes, y antes de levantar el secreto del sumario, que se ha prorrogado hasta el 14 de marzo.
Fuentes consultadas por Efe creen que el «proceso lógico» de esta pieza es la redacción, por parte del Juzgado de Instrucción número 18, de una exposición razonada de motivos por los que la causa debe ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, al encontrarse implicado un aforado.
Por el contrario, las mismas fuentes han indicado que la posible remisión de la causa al Tribunal Supremo, ante la hipotética imputación de la exalcaldesa Rita Barberá, todavía no se ha determinado. Es posible incluso que ambas cosas se solapen y haya que ir a un conflicto de competencias que seguramente se resolvería a favor del Supremo.
La fiscalía acusa
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción tiene ya decidido que mantendrá las acusaciones de blanqueo de capitales para los 49 investigados, 17 de ellos concejales o exconcejales. Según han informado fuentes de la causa, el ministerio público mantendrá estas acusaciones para todos los citados a declarar y no solicitará nuevas citaciones ni tampoco testificales.
Ayer pasaron ante el juez los exconcejales Juan Vicente Jurado e Irene Beneyto, que no quiso hacer declaraciones a su salida de la Ciudad de la Justicia. Y para hoy está previsto que lo hagan Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchis.
Las declaraciones por esta pieza separada del caso Imelsa terminarán el próximo lunes con el testimonio de un asesor cuyo abogado no ha podido asistirle hasta ahora por estar participando en el juicio del caso Nóos.
