El PPCV asegura que irá a los tribunales si se abre RTVV de forma provisional. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, considera que puede ser un fraude de ley el intento del tripartito de anular la ley popular que suprimía el servicio público. La iniciativa se llevará a las Corts dentro de dos semanas, tal como adelantó Levante-EMV. Además, Bonig asegura que es "una tomadura de pelo" porque, explica, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "prometió abrirla con 1.600 trabajadores".

Según ha sostenido, el PP ha "apostado, apuesta y apostará siempre" por una televisión pública, de calidad y en valenciano, "pero que sea sostenible", por ello, su formación, entonces al frente del Gobierno autonómico, planteó el ERE en el ente público.

Este suponía dejar la plantilla de trabajadores en 600 personas de las 1.600 que había contratadas, pero el Consell recibió "ataques y acusaciones de que era una barbaridad", cuando lo que se pretendió fue "mantener la televisión valenciana pero sostenible, porque la pagan los ciudadanos". La oposición "hizo entonces demagogia, y se comprometió con el colectivo y sociedad valenciana en la reapertura, y las promesas hay que cumplirlas", ha considerado Bonig.

El comité de empresa pide un acuerdo sobre la plantilla

Por su parte, el comité de empresa de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) ha reclamado hoy un acuerdo laboral previo al inicio de las emisiones de la nueva RTVV, en el que se planifique a través de la negociación cuántos trabajadores deberían entrar en un primer momento y cuántos formarán finalmente la plantilla.

En una carta abierta dirigida al president de la Generalitat, Ximo Puig, el comité de empresa afirma que nunca se ha negado a que el inicio de emisiones se haga con un número "reducido" de trabajadores, siempre que se enmarque en un acuerdo previo que dé "respuesta global" a la situación de los trabajadores de RTVV.

En su opinión, ese acuerdo debe incluir todo el proceso de reapertura de RTVV, desde el inicio de las emisiones hasta que esté a pleno rendimiento, con la plantilla definitiva, cuyo número debe establecerse con criterios "razonables y profesionales".

El comité de empresa defiende que no hay que aspirar a una radio y televisión "de segunda", y por ello la plantilla definitiva "no podrá ser muy diferente en dimensión" a la del resto de Comunidades autónomas de características similares.

Los representantes de los trabajadores comparten que cualquier acuerdo al que se llegue debe ser "económicamente viable y garantizar la máxima seguridad jurídica para las dos partes", y aseguran que están preparados para iniciar "de forma inmediata" las negociaciones, porque los trabajadores son "parte de la solución".

A su juicio, Canal 9 y Radio 9 deben comenzar las emisiones "con todas las garantías y con la calidad" que merece el pueblo valenciano, por lo que la posibilidad de emitir a través del Canal GVA "complicaría la reapertura de RTVV" y transmitiría el mensaje de que el objetivo es que "salgan los políticos de turno".

Para el comité de empresa, no se puede hacer una "caricatura de la sociedad valenciana ni un subproducto", ni actuar con "improvisaciones" y "provisionalidades".