Ocho millones de euros. Ese es el montante al que, según los cálculos del comité de empresa de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), ascienden ya las pérdidas para la casa un mes después del cierre. El coste de 30 días de fundido a negro. Vicent Mifsud, presidente del comité, cifró en 4,5 millones lo gastado en "costes fijos": básicamente las nóminas que se están pagando a los trabajadores en su permiso retribuido, pero también contratos de "leasing" de coches o mantenimiento. A eso se suman los 3,5 millones en contratos de publicidad para la campaña de Navidad que se han perdido al cortar las emisiones.

Para el representante de los trabajadores, esta situación demuestra que las causas económicas en que se justificó el cierre son "falsas". De hecho, hoy por hoy la empresa todavía no se ha puesto en contacto ni con el comité ni con los sindicatos, con lo que esta situación (unos 200.000 euros al día en sueldos por no trabajar) se prolongará como mínimo hasta marzo. Con el gasto que supondrá despedir a la plantilla, agrega, "se va a cubrir el gasto laboral de lo que comportaría mantener la empresa activa en 2014 y 2015". Los sindicatos, con todo, ya hacen su camino y están recopilando información de los trabajadores en previsión de la batalla legal de las demandas, una vez se conozcan los términos del ERE.

El comité de empresa se manifestó en estos términos durante la concentración que se realizó ayer frente al Palau de la Generalitat a las 12.19 horas, justo cuando se cumplía el primer mes del corte de las emisiones. La protesta, que reunió a unas 250 personas, tuvo un minuto de silencio a la hora del cierre, y también se reclamó la dimisión del jefe del Consell, Alberto Fabra.

Según Mifsud, el Consell pretende "destinar dinero público a empresas privadas", algo que, en su opinión, no consiguieron despidiendo a los trabajadores y ahora "están reactivando con la llegada de Lola Johnson a la Secretaria de Comunicación". Respecto a los efectos sociales del cierre, añadieron: "Los valencianos son los únicos ciudadanos del Estado que no pueden recibir información en su propia lengua a través de una radio y televisión públicas, lo que los convierte en ciudadanos de segunda".

El acto contó con la presencia de diputados de la oposición, como Josep Moreno y Clara Tirado (PSPV), o Marga Sanz e Ignacio Blanco (Esquerra Unida).