El segundo ERE que afecta al Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) se sustanció ayer con el despido de 14 científicos y un administrativo que dejan a este centro investigador, uno de los más prestigiosos de Europa en el área medioambiental, al borde de la desaparición.
El nuevo ERE se suma al ejecutado en abril de 2012 y que supuso el despido de 15 personas.
En tres años, el número de trabajadores del CEAM ha pasado de 104 a 48 y solo su reciente adscripción a la Universidad Miguel Hernández ha frenado algo su deterioro como centro de investigación.
Paralelamente, la Generalitat Valenciana ha ido reduciendo el presupuesto asignado al CEAM hasta hacer prácticamente inviable su funcionamiento.
Los fondos disponibles en el CEAM han pasado de 2.400.000 euros en 2009 a 861.000 euros en 2012 y una cifra similar en 2013. Sin embargo, el Patronato que administra el CEAM y que recibe los fondos de la Generalitat, decidió otorgar a este organismo 600.000 euros de presupuesto y obligar a gastar los 260.000 euros restantes presupuestados en despidos.
El comité había pretendido, sin lograrlo, que el presupuesto fuese realmente de 860.000 euros en un intento casi desesperado de mantener la actividad investigadora.
Entre 2009 y 2013, el presupuesto ha disminuido un 72% y el personal un 75%.
Existe, ademas, una "deuda histórica" de la Generalitat denunciada en marzo por el PSPV-PSOE a través de su diputado Francesc Signes que se cifra 1,2 millones de euros.
El CEAM, fue creado en 1991 por la Generalitat Valenciana y Bancaja, con apoyo de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y de la Comisión Europea. El centro, con sede en Paterna, ha desarrollado y liderado en el ámbito europeo numerosos trabajos sobre contaminación atmosférica, sobre los efectos de los contaminantes, investigación forestal, meteorología y climatología, campos en los que se consolido como centro de referencia.
Pese a la crisis presupuestaria y de personal, el CEAM todavía hoy lidera algunos proyectos europeos que pueden quedar paralizados si la Generalitat reduce su aportación.
